El ginecólogo mexicano Jesús Luján fue detenido en California por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un operativo que refleja la colaboración entre autoridades migratorias y judiciales. Luján, conocido como el “rey del parto inducido”, se encontraba prófugo de la justicia tras ser acusado de malas prácticas en procedimientos ginecológicos.
La detención tuvo lugar en el centro de detención de Otay Mesa, ubicado en San Diego. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había emitido una orden de aprehensión contra él el 20 de diciembre del año pasado. Este mandato se originó a raíz de testimonios de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de irregularidades durante sus tratamientos.
La situación de Luján ha generado un amplio interés mediático en México, donde se espera que su extradición sea tramitada a la brevedad. La comunidad médica y la sociedad en general siguen de cerca el desarrollo de este caso, que pone en relieve la importancia de la regulación y supervisión en la práctica médica.
Las acusaciones en su contra han levantado un debate sobre la ética profesional y la necesidad de que las instituciones de salud garanticen la seguridad de las pacientes. El caso de Luján no solo afecta a las mujeres que denunciaron, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad de los médicos en el ejercicio de su profesión.
A medida que se avanza en el proceso de extradición, las autoridades mexicanas están preparadas para recibir a Luján y llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes. La expectativa es que este caso sirva como un precedente en la lucha contra la impunidad en el ámbito de la salud en México.
