La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha confirmado que el ataque ocurrido el 15 de octubre en su sede de la unidad antisecuestros en Playas de Tijuana fue llevado a cabo mediante el uso de drones que lanzaron artefactos explosivos improvisados. Este incidente ha llevado a las autoridades a abrir una investigación bajo el delito de terrorismo, en un contexto caracterizado por un aumento en las agresiones dirigidas a instalaciones de justicia en la región.
La fiscal general Magdalena Maldonado Ramírez explicó en una conferencia de prensa que el ataque tuvo lugar a las 19:06 horas, cuando el personal de la Fiscalía se encontraba en el lugar. Durante el suceso, se escucharon detonaciones y los agentes se percataron de la caída de los explosivos en el patio de las instalaciones.
Según la fiscal, los artefactos eran botellas plásticas llenas de pólvora, clavos y fragmentos metálicos, diseñados para ser lanzados desde drones de control remoto. Aclaró que estos no son bombas molotov ni dispositivos incendiarios convencionales, sino que provocan daños al expandir su contenido al impactar.
Maldonado Ramírez mostró imágenes que evidencian los daños, incluyendo orificios en vehículos y ventanas, sin que se registraran incendios ni heridos. Tres vehículos particulares y uno oficial resultaron afectados, aunque no sufrieron daños totales.
La FGE desmintió la información inicial que sugería disparos durante el ataque, destacando que no hubo lesionados entre agentes o civiles. Sin embargo, comentó que tras el evento, se realizaron disparos preventivos por parte de la policía ante la presencia de un dron, cuyo origen aún no ha sido verificado.
Este ataque marca un hito, ya que es la primera vez que se documenta el uso de drones para un ataque directo a la Fiscalía en Baja California. El Ministerio Público está investigando el caso bajo la figura de terrorismo y está en contacto con la Fiscalía General de la República (FGR) para analizar la situación y recopilar información relevante.
Las autoridades no descartan la posibilidad de que este ataque esté relacionado con incidentes previos en la región y lo vinculan con las recientes detenciones de líderes de grupos delictivos. La fiscal subrayó que este tipo de agresiones es una respuesta a la lucha contra el crimen organizado, en particular en casos de homicidio y secuestro.
Respecto a los agresores, la fiscal indicó que se trata de grupos con capacidad y recursos para implementar tecnología avanzada como los drones, aunque no se han revelado más detalles debido a la naturaleza reservada de la investigación. Afirmó que el ataque no tenía como objetivo a la población civil ni buscaba causar daño en áreas residenciales cercanas, sino que fue un ataque específico contra la sede de la Fiscalía.
A pesar de los desafíos que presenta la investigación, debido a la ausencia física de los agresores, la fiscal se mostró optimista sobre la capacidad de las autoridades para dar seguimiento a este ataque y garantizar que no quede impune.
