Más de cuatro años después de que se implementara la militarización de las Aduanas en México, el contrabando de mercancías y el tráfico de huachicol se han intensificado, según denuncias de empresarios y cámaras de la iniciativa privada en la frontera de Tamaulipas.
Roberto Cruz Hernández, secretario de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco), advirtió que este incremento en la actividad ilegal representa una amenaza para las empresas, los empleos y los consumidores en el país. “La situación ha empeorado en los últimos años”, afirmó Cruz Hernández. “La ciudad de Reynosa y todo el país están inundados de productos, especialmente de origen chino, que ingresan de forma irregular, evadiendo impuestos y regulaciones”, agregó.
La militarización de las Aduanas, que comenzó el 1 de marzo de 2021 bajo órdenes del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se implementó inicialmente en los cruces de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, así como en Colombia, Nuevo León. Este proceso se completó ese mismo año.
Empresarios en la región, que prefirieron mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, señalaron que durante la administración militar, las pipas cargadas con huachicol fiscal cruzan sin control. Este huachicol se refiere a combustible importado sin el pago de impuestos, declarado como un hidrocarburo de menor calidad. “Han surgido empresas que ahora se dedican únicamente a importar aceite mineral”, explicó uno de ellos. “Cientos de pipas cargadas con estos productos pasan diariamente por las Aduanas de Reynosa y Matamoros, siendo mínima la cantidad que realmente declara llevar combustibles. Es extraño que esto no despierte sospechas entre los militares”, cuestionó.
Otra fuente recordó que la iniciativa privada en Tamaulipas ha denunciado el contrabando de combustibles durante años, sin que las autoridades civiles o militares hayan tomado acción. Una de las voces más críticas respecto a la corrupción en las Aduanas fue la de Julio Almanza Armas, presidente de Fecanaco, quien fue asesinado el 31 de julio de 2024, frente a sus oficinas en Matamoros. Más de un año después del crimen, ni la administración del gobernador morenista Américo Villarreal, ni la fiscalía estatal bajo el mando de Irving Barrios, o la FGR de Alejandro Gertz han resuelto el caso.
Recientemente, se ha destapado una red de huachicol fiscal que involucra a mandos navales, incluidos aquellos del puerto de Altamira. Ante esta situación, un empresario pidió que se realicen investigaciones profundas y que no se limite a acciones mediáticas. “Julio lo decía claramente, las Aduanas estaban podridas. Los puertos, controlados por la Marina, son lo mismo”, concluyó.
