La decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, ha generado un gran revuelo en el ámbito político y mediático. Este caso, que involucra presunta malversación de caudales públicos, se intensifica con la convocatoria del juez para que Gómez comparezca el sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas.
En esta resolución, a la que tuvo acceso Infobae España, se establece que las partes deben ser citadas a través de su representación legal y que los investigados deben presentarse personalmente. Además, se indica que se puede interponer un recurso de reforma y apelación dentro de los plazos establecidos tras la notificación.
El caso se centra en el presunto uso irregular de fondos relacionados con la Presidencia del Gobierno. La acusación sostiene que estos fondos se utilizaron para actividades que no corresponden al ámbito público. Entre los puntos de investigación se encuentran la contratación de una asistente en Moncloa, así como gestiones asociadas a las actividades profesionales de Gómez. También se menciona una nueva querella presentada por Manos Limpias vinculada al rescate de Air Europa.
La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado en parte las decisiones del juez respecto a otros investigados, como la asesora Cristina Álvarez, indicando la existencia de indicios de desvío de recursos en la sede gubernamental. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha desestimado abrir una investigación sobre el ministro Félix Bolaños por falta de pruebas suficientes, mientras la defensa de Gómez sostiene que el caso carece de fundamento legal y que es parte de una ofensiva política y mediática.
La investigación comenzó en abril de 2024, tras la denuncia de Manos Limpias, que se basó en recortes de prensa que señalaban irregularidades en la actividad profesional de Gómez. A pesar de que la Fiscalía había solicitado archivar la denuncia por considerarla infundada, el juez decidió proceder. A partir de entonces, se han explorado varias líneas de investigación, incluyendo la supuesta emisión de cartas de recomendación por parte de Gómez y la posible apropiación indebida de un software universitario.
Por su parte, la organización Hazte Oír presentó una denuncia adicional relacionada con la apropiación del software y el registro de un dominio web. Sin embargo, la aparición de correos electrónicos que evidencian la asesoría del vicerrectorado de la Universidad Complutense a la asistente de Gómez complicó la acusación.
A pesar de que la Fiscalía Europea se hizo cargo de la investigación sobre contratos financiados con fondos comunitarios, el clima de tensión política en torno al caso ha permanecido alto. La defensa ha denunciado la judicialización de la vida privada y ha resaltado las supuestas irregularidades en las actuaciones judiciales, mientras que las acusaciones han exigido un proceso ejemplar.
El desarrollo del caso ha incluido comparecencias relevantes, como la de Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, quien admitió haber tenido reuniones en Moncloa. El apoyo del presidente Pedro Sánchez a su esposa tras la citación ha sido igualmente notorio. La más reciente decisión del juez Peinado ha ampliado la investigación a otros funcionarios, sugiriendo que hay indicios suficientes para proceder a juicio.
La defensa, liderada por el exministro Antonio Camacho, argumenta que no hay pruebas sólidas y que la interpretación del delito de malversación es excesiva. Se ha enfatizado que las funciones de Cristina Álvarez eran logísticas y que los correos electrónicos presentados son parte de gestiones rutinarias.
A medida que se acerca la fecha de la comparecencia, la investigación sobre los contratos europeos continúa y el caso sigue resonando en la agenda política y en la estabilidad del Gobierno.
