Un despliegue policial sin precedentes tuvo lugar el pasado jueves en tres regiones de Chile, resultando en la detención de 41 integrantes de la red delictiva conocida como “Plata Fácil”. Este grupo se dedicaba a detectar vulnerabilidades en el sistema financiero, y sus líderes, los hermanos Matías, Nelson y Cristian Martínez Addison-Smith, enfrentan graves acusaciones de estafa y lavado de activos. La operación, denominada Operación Imperio, culminó con la confiscación de bienes valorados en aproximadamente USD 3 millones, incluyendo propiedades, vehículos de lujo y hasta una avioneta.
Los métodos de la red delictiva
Según un testigo que habló con el canal de televisión CHV, la organización utilizaba a “personas de la calle, muy vulnerables”, a quienes les ofrecían pagos irrisorios de alrededor de USD 50 a cambio de sus identidades. Estos individuos eran instrumentalizados para abrir cuentas bancarias y solicitar créditos automovilísticos, que luego eran utilizados para cometer fraudes. El Ministerio Público ha acusado a los Martínez de usurpar identidades, falsificar documentos y crear empresas fachada que les permitieron acceder a créditos que nunca se pagaron.
Uno de los colaboradores más cercanos a la banda fue Rodrigo Andrés Chávez Castro, un abogado y funcionario del Poder Judicial de Temuco, quien registró a nombre de los hermanos varios vehículos y otros bienes adquiridos con fondos ilícitos. Esta relación pone de manifiesto la complejidad de la red y la manera en que operaban desde 2016, aunque la investigación oficial se inició hace un año.
El cerco se cierra
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que la investigación se intensificó al identificar un posible modus operandi que implicaba a personas con un patrimonio considerable pero con justificaciones poco claras sobre su origen. En colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Ministerio Público logró desentrañar cómo los hermanos Martínez explotaban brechas en el sistema financiero para llevar a cabo sus fraudes.
La banda no solo se limitaba a adquirir vehículos de alta gama mediante documentación falsa, sino que también creaban cuentas bancarias y solicitaban tarjetas de crédito con el mismo método fraudulento. Utilizaban contratos de trabajo falsos y documentos universitarios espurios para justificar sus solicitudes, operando tanto en Chile como en el extranjero.
En una jornada maratónica que culminó al filo de la medianoche del viernes, el Juzgado de Garantía de Temuco dictó prisión preventiva para los líderes de la red y otros 10 miembros, estableciendo una fianza de unos USD 1,000 para cada uno. Otros 19 imputados fueron dejados en libertad, mientras que algunos enfrentan arresto domiciliario. El fiscal Enrique Vásquez expresó su satisfacción por los resultados de la audiencia, remarcando que la prisión preventiva es vital para evitar que los acusados continúen delinquiendo.
La situación es compleja, ya que varios de los formalizados tienen antecedentes penales previos, lo que pone de relieve la gravedad de esta red y su capacidad para operar sin ser detectados durante años. Las investigaciones continúan, y se espera que surjan más implicados a medida que se reúnan más evidencias sobre este entramado delictivo.
