La situación de las fiscalías en México refleja un colapso alarmante que no parece generar el escándalo que debería. A pesar de que el Ministerio Público ha logrado resultados favorables para la justicia en apenas 0.8 por ciento de los 33.5 millones de delitos denunciados y no denunciados, la sociedad parece aceptar esta realidad sin protestar. Este fenómeno se vuelve inquietante ante la pregunta: ¿por qué no hay indignación?
Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que se publica anualmente desde hace 15 años. En una reciente discusión en nuestro programa de radio “Ni plata ni plomo”, planteamos la inquietud sobre la relevancia de este estudio monumental. Aunque los hallazgos han sido consistentes, con tasas de delitos que han aumentado desde 30 mil hasta 34 mil entre 2011 y 2024, la reacción social es alarmantemente escasa.
La repetición constante de estos datos parece contribuir a la indiferencia. En 2010, el 93 por ciento de los delitos no se denunciaban ni se investigaban, cifra que se mantuvo similar en 2023. La noticia se disuelve en los medios, lo que indica que el problema no solo radica en la información que proporciona la ENVIPE, sino también en la falta de respuesta ante ella.
La psicología social y la antropología ofrecen diversas explicaciones para esta indiferencia. Entre los factores se encuentran la costumbre generada por la repetición, la evasión ante noticias incómodas, la espera de que otros tomen la iniciativa y la normalización impulsada por medios que minimizan la gravedad de los eventos. Además, hay una aceptación cultural de lo anormal y una construcción de silencios colectivos que conducen al olvido.
La ENVIPE también interroga a los ciudadanos sobre las razones por las cuales no denuncian delitos. Un 63 por ciento de la población atribuye su decisión a la desconfianza en las autoridades, el miedo a la extorsión y la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo. Esto no solo resalta la impotencia social, sino también la incompetencia institucional que permea el sistema.
Un periodista especializado en el análisis del aparato policial y penal ha señalado que es posible que la clave esté en la sensación de que el cambio es imposible. Esto se relaciona con el concepto de aprendizaje de impotencia, que ha sido formulado en el ámbito de la psicología social.
Sin embargo, hay otra preocupación aún más grave: ¿qué ha aprendido el Estado después de 15 años con resultados tan negativos? Mientras la sociedad parece haber asimilado que no hay nada que hacer, el Estado ha descubierto que su incompetencia no genera costos significativos. De hecho, parece haber convertido esta incompetencia en un activo que le permite utilizar las fiscalías como espacios de impunidad, en un contexto donde la macrocriminalidad está en expansión.
Es difícil imaginar una combinación más destructiva para el tejido social y la confianza en las instituciones.
