La Agencia para la Administración y Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha presentado cargos contra 26 miembros del Cártel de Sinaloa, acusándolos de narcotráfico y lavado de dinero. Esta operación revela la infiltración del cártel en el sistema financiero estadounidense.
El director de la DEA, Terrance Cole, informó que los acusados, que operaban desde Illinois, no solo estaban involucrados en el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia el Medio Oeste, sino que también utilizaban bancos en EE.UU. para lavar millones de dólares. “Esta no es una operación callejera, es una estructura criminal que ha inundado nuestras comunidades con drogas y ha penetrado el sistema financiero con ganancias ilícitas”, afirmó Cole.
Según la investigación, la red criminal realizaba movimientos de dinero a través de bancos, casas de cambio y empresas fachada, al mismo tiempo que continuaba con el tráfico de drogas. El Departamento de Justicia confirmó que se presentaron cargos en la Corte del Distrito Sur de Illinois, lo que representa un importante golpe a la infraestructura del cártel.
La fiscal general Pamela Bondi destacó que esta acción es un duro golpe a una organización que ella calificó de “terrorista” y que está vinculada a actos de narcoterrorismo contra Estados Unidos. Asimismo, el fiscal federal Steven D. Weinhoeft describió al grupo como una “organización criminal internacional despiadada” y prometió que el gobierno utilizará todos sus recursos para desmantelar sus operaciones.
La operación también resultó en la incautación de importantes cargamentos de drogas, que incluyen 360 kilogramos de fentanilo, 80 kilos de metanfetamina y 50 kilos de cocaína. Estas sustancias formaban parte de un flujo constante hacia Illinois, Missouri y otros estados vecinos. Cole enfatizó que la amenaza del Cártel de Sinaloa va más allá del narcotráfico: “No solo introducen drogas; infiltran nuestras instituciones financieras”, advirtió.
En total, la DEA ha revelado los nombres de los 26 acusados, quienes desempeñaban funciones logísticas y financieras dentro de la organización. Entre los primeros acusados se encuentran Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”), José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”) y Ángel Alemán Alatorre-Monge, entre otros. Un segundo grupo incluye a Mauro Armando Luna-Rentaría y Lucía Viridiana Montano.
Esta acción forma parte de la estrategia “Recuperemos América”, implementada durante la administración de Donald Trump, que designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Esta clasificación permite aplicar sanciones más severas en relación con el narcotráfico al vincularlo con el financiamiento del terrorismo. En la última semana, la DEA y agencias aliadas han logrado arrestar a 15 de los acusados, mientras que el resto sigue prófugo o bajo investigación.
Los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans se encargarán de coordinar los procesos judiciales relacionados con este caso, que podría tener un gran impacto en la lucha contra el narcotráfico.
El caso pone de manifiesto que el Cártel de Sinaloa no solo opera en las calles, sino que también tiene una presencia significativa en los bancos, lo que podría cambiar la dinámica de las acciones legales y financieras en su contra.
