El diputado Jorge Ramos Hernández ha comenzado un análisis sobre la legalidad del uso de grabaciones provenientes de las cámaras corporales (body cams) de la Policía Municipal de Mexicali. Esta medida surge tras el reconocimiento de los beneficios que estas cámaras pueden ofrecer tanto a ciudadanos como a oficiales.
Durante una reciente intervención, Ramos Hernández expresó su apoyo a la alcaldesa, destacando que el uso de estas tecnologías representa un avance significativo en términos de transparencia y rendición de cuentas. “Es una herramienta valiosa para que el ciudadano pueda estar tranquilo de que se está registrando toda la relación con la autoridad”, señaló el legislador, quien también enfatizó la importancia de que los policías cuenten con evidencia de sus acciones para prevenir acusaciones infundadas.
El legislador subrayó que la implementación de las body cams tiene el potencial de incrementar la confianza en el cuerpo policial, sugiriendo que este modelo podría ser adoptado por otros municipios en Baja California. Esto no solo mejoraría la seguridad, sino que también podría servir para documentar cualquier abuso de fuerza o actos de corrupción, beneficiando a la ciudadanía y a los servidores públicos.
A pesar de estos avances, el diputado y sus colegas de oposición han planteado preocupaciones respecto a las limitaciones legales y prácticas que enfrenta el protocolo de implementación. Actualmente, las grabaciones de las cámaras no tienen valor probatorio en procesos judiciales, lo que limita su eficacia en casos de denuncias por abuso de autoridad, extorsión o corrupción. La oposición ha criticado que la regulación se estableció únicamente mediante un protocolo, en lugar de un reglamento más sólido o una ley que garantice un control uniforme.
Ramos Hernández ha indicado que su enfoque ahora será trabajar en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía para evaluar el valor legal de las grabaciones y, si es necesario, impulsar reformas que eleven la norma a un rango legal superior. “Si es necesario, haremos la reforma para que no se nos vaya ningún delincuente, y para que ningún policía incurra en extorsiones o desacato afectando a la comunidad”, afirmó.
El protocolo actual exige que las cámaras estén encendidas y graben durante cada intervención de los oficiales, aunque pueden permanecer apagadas en situaciones no relacionadas con el servicio. Las grabaciones se almacenan en memoria externa por un período de aproximadamente 20 días, ampliable ante denuncias ciudadanas, y los oficiales que incumplan el protocolo podrían enfrentar sanciones o separación del cargo.
El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, anunció que se distribuirán alrededor de 200 cámaras corporales, principalmente en el área de tránsito. La capacitación del personal en el uso de estos dispositivos y la notificación del protocolo se completaron recientemente, luego de que la creación de la norma se retrasara más de un año tras la adquisición de los dispositivos a inicios del año anterior. Según las autoridades, el objetivo es garantizar un registro confiable de las intervenciones policiales, fortalecer la rendición de cuentas y prevenir abusos de autoridad, mientras se considera que las grabaciones puedan tener un mayor peso legal en procesos judiciales.
