En un informe reciente, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destacó un dato significativo: julio de 2025 se convirtió en el mes con el menor número de homicidios registrados en la última década en comparación con el mismo mes desde 2015. Esta reducción histórica se traduce en un descenso del 25% en los homicidios, pasando de un promedio de 86.9 a 64.9 asesinatos diarios desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025.
Figueroa indicó que en los primeros siete meses de este año, se registraron 7,608 homicidios dolosos, con un alarmante 51.5 por ciento de estos concentrados en solo siete entidades del país. Las cifras revelan que Guanajuato lidera esta lista, seguido por Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán. Esta concentración geográfica de los delitos resalta la necesidad de estrategias focalizadas para abordar la violencia en estas regiones.
Aunque las cifras de homicidios han mostrado una tendencia a la baja, el panorama no es del todo optimista. La extorsión, por otro lado, ha visto un repunte del 25%. Figueroa atribuyó este aumento a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual busca incentivar la denuncia de este delito. Desde el 6 de julio, se han recibido 18,239 llamadas reportando casos de extorsión, de las cuales el 58 por ciento fueron incidentes no consumados, gracias a la intervención de los operadores que orientaron a las víctimas potenciales.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizó la importancia de la coordinación entre las distintas autoridades para frenar este delito. “La implementación de la Estrategia Nacional ha intensificado nuestras acciones para prevenir la extorsión y fortalecer la colaboración con las autoridades locales”, aseguró. Desde el inicio de esta estrategia, se han llevado a cabo más de mil detenciones por extorsión, destacando los casos en Tabasco, Estado de México, Michoacán y Guerrero.
Las estadísticas delictivas también revelan un esfuerzo más amplio en el combate a la criminalidad. Desde el inicio de la actual administración, más de 29,000 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, y se han asegurado más de 216 toneladas de drogas en 21 estados. Estos esfuerzos han dado como resultado la inhabilitación de 1,262 laboratorios, afectando así a las organizaciones delictivas que operan en el país.
En una acción conjunta de varias entidades, se logró desarticular a la célula criminal autodenominada “Los Alfas”, vinculada a un grupo delictivo de Jalisco, que operaba en el Valle de Toluca, involucrándose en delitos graves como homicidio, secuestro y extorsión. Las autoridades lograron la detención de Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, considerado un líder de esta organización. Su arresto fue posible tras la detención de su pareja, quien también fue implicada en delitos de encubrimiento y portación de arma prohibida.
En Sinaloa, el mes de julio de 2025 también trajo consigo buenas noticias en cuanto a la disminución de homicidios dolosos, con una reducción del 20% en comparación con junio, cuando se registraron 207 casos. En julio, la cifra se redujo a 170, rompiendo así una tendencia de aumento sostenido durante los primeros meses del año. Sin embargo, las cifras de homicidios dolosos en Sinaloa permanecen elevadas en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que sigue representando un reto para las autoridades.
Las acciones coordinadas entre las fuerzas armadas y las corporaciones policiales han sido claves para lograr estas disminuciones. En total, de enero a julio de 2025, se han contabilizado 1,053 homicidios dolosos en Sinaloa, cifra que supera los registros de 2024 y 2023. A pesar de los avances, el camino hacia una mayor seguridad en el estado y en el país continúa siendo complejo y lleno de desafíos.
Este panorama refleja no solo el avance en la reducción de algunos delitos, sino también la urgencia de implementar estrategias efectivas que permitan seguir atacando las raíces de la violencia y la criminalidad en México. La colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la participación activa de la ciudadanía son fundamentales para continuar con este esfuerzo.
