Ayer, a las 16 horas, ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan volvieron a cerrar todos los carriles de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 74. Este bloqueo se produce un año y tres meses después de una protesta que duró cuatro días.
La nueva manifestación surgió tras una audiencia en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde se determinó que Carlos Sánchez Alpízar, excomisariado ejidal y acusado de defraudar a los campesinos al retener 170 millones de pesos destinados a compensaciones por la expropiación de sus tierras, podría continuar su proceso en libertad.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han iniciado un diálogo con los manifestantes. Los ejidatarios exigen la intervención de la Secretaría de Gobernación para revertir la resolución judicial y obtener una respuesta clara sobre la reparación del daño sufrido.
Es importante recordar que en agosto de 2024, estos mismos ejidatarios bloquearon la autopista México-Puebla durante cuatro días, y en junio repitieron la acción por más de siete horas durante una audiencia relacionada con este caso. En esa ocasión, se discutían medidas cautelares contra Carlos Sánchez Alpízar, Juan Velázquez Mauricio y Guadalupe Dozal Pérez, todos acusados de fraude en perjuicio de los integrantes del núcleo agrario.
A pesar de las constantes manifestaciones y de la demanda de justicia, el conflicto agrario ha persistido durante décadas sin una solución definitiva. Esto ha llevado a que los bloqueos se conviertan en un recurso habitual ante la falta de resultados por parte de las autoridades judiciales.
Para mitigar el caos vehicular, los ejidatarios permiten la circulación temporalmente antes de restablecer el cierre total de la autopista. En respuesta a esta situación, Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha recomendado a los conductores utilizar rutas alternas: la carretera libre a la altura de Río Frío para quienes se dirigen a Puebla y el desvío por San Salvador el Verde para quienes viajan hacia la Ciudad de México.
Carlos Sánchez Alpízar fue detenido el 17 de agosto de 2024 en el estado de Querétaro, tras haber estado prófugo desde 2021, cuando el gobierno de Miguel Barbosa Huerta presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por abuso de confianza.
Según testimonios, en su papel de presidente del núcleo ejidal de Santa Rita Tlahuapan, Sánchez Alpízar recibió en 2018 un cheque por más de 176 millones de pesos, resultado de una resolución favorable del Tribunal Agrario Federal. Este pago, gestionado por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) bajo la dirección de Gerardo Ruiz Esparza, tenía como objetivo indemnizar a los campesinos por el uso de sus terrenos durante la construcción de la autopista México-Puebla. Sin embargo, se alega que el excomisariado huyó con el dinero, entregando solo pequeñas cantidades a familiares y allegados, mientras que la mayoría de los ejidatarios nunca recibió ninguna compensación.
