El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido dar un paso significativo en la modernización de las fuerzas armadas al buscar adquirir cerca de 300 mil armas de guerra. Esta iniciativa se enmarca en un contexto donde la violencia y la criminalidad organizada han crecido de manera preocupante en el país. Las armas serán compradas a través de licitaciones internacionales, principalmente en países productores de armamento como Estados Unidos e Israel.
La Secretaría de la Defensa ha publicado la licitación LA-07-110-007000999-T-438-2025 en el portal Compras MX, donde se especifican los tipos de armamento que se buscan. Entre ellos se encuentran 140 mil cartuchos de calibre 7.62 por 51 milímetros, utilizados en rifles de asalto y ametralladoras, así como 73 mil granadas de mano y 900 explosivos preparados. Además, se contempla la compra de 15 mil metros de cordón para detonación, todo ello con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas del Ejército y la Fuerza Aérea en el combate contra la delincuencia organizada.
Este tipo de armamento, que incluye materiales típicamente empleados por países de la OTAN como Canadá y Alemania, representa una ventaja estratégica en el enfrentamiento a grupos criminales que han incrementado su poderío bélico. En los últimos años, los cárteles mexicanos han diversificado su arsenal, utilizando tecnologías avanzadas que incluyen desde drones hasta vehículos blindados, conocidos como narcotanques, adaptados para el combate.
El proceso de adquisición incluye cláusulas que exigen que los fabricantes garanticen una vida útil mínima de diez años para los productos, además de mantener la confidencialidad en todo el procedimiento. Según la licitación, este armamento está clasificado como material de guerra y su compra se financiará con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
“A medida que la violencia aumenta en México año tras año, los grupos criminales han adoptado un enfoque cada vez más militarizado en sus tácticas”, señala la organización internacional Insight Crime.
Eduardo Bueno, especialista en crimen organizado en América Latina, destaca que los narcotraficantes han evolucionado en sus métodos y armamento. “Han pasado de contar con viejas armas de la antigua Unión Soviética a utilizar fusiles de uso exclusivo del Ejército y otras tecnologías avanzadas”, comenta. Esta transformación ha hecho que los grupos criminales sean más letales y sofisticados en sus operaciones.
En un análisis de Insight Crime, se menciona que los cárteles han dejado de depender de suministros de grupos en conflicto en Centro y Sudamérica, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y ahora obtienen armamento de fuentes globales. Esto ha llevado a una militarización sin precedentes en las tácticas de los grupos delictivos, poniendo a las fuerzas del orden en una posición desafiante.
La compra propuesta por el gobierno de Sheinbaum, si se concreta, sería una de las más grandes desde que asumió la presidencia hace casi diez meses. En su gestión, la mandataria ha criticado a gobiernos de la oposición, como el de Guanajuato, que han buscado adquirir armamento para combatir el crimen organizado, argumentando que la solución radica en fortalecer la justicia y no en recurrir a un Estado de excepción.
En enero pasado, Sheinbaum declaró: “Nosotros no creemos en los Estados de excepción (…) Hay que fortalecer la justicia en el país y entonces se consigue la paz.” Estas declaraciones se produjeron tras la propuesta del secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Mauro González Martínez, de comprar armamento para equiparar las fuerzas estatales con las de los delincuentes.
Desde su llegada al poder, el gobierno ha priorizado la adquisición de equipo militar. En octubre, poco después de asumir la presidencia, la entonces Secretaría de la Defensa Nacional anunció la compra de ocho millones de cartuchos de distintos calibres, destacando la necesidad de reforzar las capacidades del Ejército y la Guardia Nacional en estados donde la violencia se ha intensificado.
La decisión de adquirir este armamento plantea interrogantes sobre el rumbo que tomará la política de seguridad en México. Con un enfoque en la adquisición de tecnología militar avanzada, el gobierno busca no solo responder a la creciente amenaza de la delincuencia organizada, sino también establecer una nueva dinámica en la lucha contra los cárteles que operan en el país.
