A casi dos décadas de su implementación, el sistema de justicia penal acusatorio en México aún enfrenta serias deficiencias. Según el jurista y académico Camilo Constantino Rivera, quien colaboró como asesor en la reforma constitucional de 2008 que dio origen a este sistema, la ambición inicial de la reforma no se ha materializado en una justicia efectiva.
Rivera destacó que el modelo fue diseñado para promover la justicia alternativa, la mediación y la reparación del daño, sin embargo, ha terminado por enfocarse en la persecución y la investigación. En diálogo con El Heraldo, recordó que en los primeros años de su puesta en marcha coexistieron hasta 16 códigos procesales estatales, lo que provocó confusión y desorden en su aplicación.
A pesar de que la implementación total se decretó el 18 de junio de 2016, el sistema nunca alcanzó una unificación real ni logró fortalecer las instituciones encargadas de su operación. La desaparición de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal en ese mismo año dejó sin rumbo los esfuerzos de capacitación y evaluación en todo el país.
El académico alertó que el problema actual no reside en la prisión preventiva oficiosa, sino en la ampliación de facultades de investigación para organismos como la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con la reforma de julio de 2025, estas entidades obtienen la capacidad de realizar actos de investigación que antes eran exclusivos del Ministerio Público, lo que podría poner en riesgo la autonomía de las fiscalías.
En el contexto de Aguascalientes, Rivera señaló que la entidad presenta bajos índices delictivos, con menos de dos homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque enfrenta desafíos similares a los del resto del país, como la falta de especialización de los operadores judiciales y la escasa profesionalización dentro del sistema de justicia.
Finalmente, subrayó que el sistema acusatorio no ha fracasado en su diseño, sino en su ejecución. Rivera indicó que México ha carecido de voluntad política y de personal técnico capacitado para establecer una justicia moderna, clara y funcional.
