El Tribunal Oral Federal de Santa Fe ha dictado una condena al ex teniente del Ejército argentino, Enzo Molino, por su responsabilidad en la detención ilegal de la militante peronista Alicia Mercedes González. La sentencia, que establece una pena de dos años de prisión, se enmarca en un contexto de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la década de 1970.
Alicia González, quien formaba parte de la Juventud Peronista, fue arrestada el 18 de diciembre de 1975 por fuerzas policiales y militares sin ninguna orden judicial. Según los jueces, su detención fue parte de un plan sistemático de persecución política que se implementó por el Estado argentino en ese periodo. La mujer fue mantenida en cautiverio por más de cuatro años en varios centros de detención, controlados por las Fuerzas Armadas.
La decisión del tribunal, compuesta por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Homero Lauriá y Ricardo Moisés Vásquez, resalta la gravedad de los hechos ocurridos. Los magistrados indicaron que la privación de libertad de González se ejecutó dentro de un contexto de ataque sistemático a la población civil, lo que califica estos actos como crímenes de lesa humanidad.
Durante el juicio, se presentó evidencia que validó el testimonio de González, quien relató su experiencia de detención y tortura. Ella fue arrestada en su hogar y trasladada a diferentes centros de detención, donde sufrió malos tratos y fue interrogada bajo amenazas. Su relato fue corroborado por otros testimonios y documentación oficial de la época, que evidencian la falta de legalidad en su detención.
La defensa de Molino argumentó que su cliente no tenía conocimiento de un plan sistemático de represión antes del golpe militar de 1976, sosteniendo que actuó bajo la creencia de que su comportamiento era legal. Sin embargo, el tribunal desestimó esta defensa, afirmando que existían pruebas contundentes que demostraban su participación directa en la detención de González.
En su fallo, los jueces subrayaron que la detención de González no solo fue ilegal sino que también se realizó sin orden judicial, lo que contraviene las normas de derechos humanos. Además, el tribunal destacó que la naturaleza de los crímenes cometidos es imprescriptible, lo que permite que estas violaciones a los derechos humanos sean juzgadas incluso décadas después de ocurridos.
La condena de Molino incluye, además de la prisión, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como el pago de las costas del proceso. Una vez que la sentencia sea firme, se ordenará su detención en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.
Este caso forma parte de un esfuerzo mayor por parte del Estado argentino para abordar y juzgar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar en el país, un proceso que sigue siendo crucial para lograr justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
