La reciente Resolución 0101 emitida por la Fiscalía General de la Nación ha encendido alarmas entre funcionarios judiciales y expertos, quienes denuncian un posible intento de impunidad en investigaciones relacionadas con el Gobierno de Gustavo Petro. Esta medida, firmada el 13 de junio de 2023 por Raúl Humberto González, delegado contra la criminalidad organizada, abre la puerta a la redistribución automática de expedientes sensibles, lo que podría llevar a que casos de corrupción queden sin resolución.
Redefiniendo la Justicia
La resolución establece que los fiscales deben preparar la entrega de sus expedientes para ser asignados de manera aleatoria a otros despachos, dependiendo de la localidad donde ocurrieron los hechos. Aunque oficialmente se argumenta que esta reorganización busca mejorar la eficiencia y equidad en la distribución de casos, muchos dentro de la Fiscalía perciben esta acción como una “cortina de humo” que amenaza la independencia de los fiscales y podría frenar investigaciones cruciales.
Funcionarios han expresado su preocupación de que esta redistribución afecte investigaciones de alto perfil, incluyendo casos que involucran a figuras del gobierno como Laura Sarabia, próxima embajadora en el Reino Unido, y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Los fiscales señalan que algunos expedientes pueden quedar en el limbo debido a la falta de experiencia de los nuevos fiscales asignados en las regiones.
Investigaciones en Riesgo
Entre los casos que podrían verse afectados se encuentra el de Marelbys Meza, quien ha sido objeto de interceptaciones ilegales por órdenes de la Presidencia, y el de Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como el zar del contrabando. En ambos casos, la redistribución podría causar nuevos retrasos en los procesos judiciales, complicando aún más la situación, sobre todo con la incertidumbre de que en menos de un año se termine el actual gobierno.
Asimismo, las investigaciones sobre la campaña presidencial de Petro, que indagan sobre la fuente de financiamiento, se encuentran en una etapa crítica. Según fuentes del bunker de la Fiscalía, se esperaban decisiones inminentes que podrían afectar a altos funcionarios, generando un clima de tensión y miedo entre los investigadores.
La redistribución de casos, bajo el pretexto de la regionalización, plantea serios riesgos de seguridad y posibles cooptaciones por parte de mafias locales. Esto, cabe mencionar, fue una de las razones que motivó la centralización de investigaciones en Bogotá en el pasado. Funcionarios advierten que este movimiento podría llevar a vencimientos de términos y, por consiguiente, a la prescripción de casos que ya llevan meses o años en proceso.
La Fiscalía ha defendido su postura argumentando que la medida responde a un diagnóstico de sobrecarga laboral en las regiones. Sin embargo, muchos fiscales creen que esta reorganización contradice los principios de autonomía y seguridad que deben regir en investigaciones de impacto nacional. “La redistribución atenta contra los pilares que la misma fiscal Luz Adriana Camargo prometió construir”, manifestaron algunos funcionarios.
Más allá de lo judicial, este movimiento afecta la estabilidad personal de los fiscales, muchos de los cuales son padres o madres solteras. Los traslados forzados implican separaciones familiares y aumentan el riesgo al investigar delitos en regiones más peligrosas. “La Fiscalía había superado el problema de tener fiscales en seccionales investigando a políticos locales; ahora, esa garantía se pone en riesgo”, concluyeron algunos funcionarios.
