La reciente Resolución 0101 emitida por la Fiscalía General de la Nación ha desatado una ola de inquietud entre funcionarios y expertos judiciales, quienes advierten sobre el grave riesgo de que investigaciones de alto perfil, muchas ligadas a presuntos casos de corrupción y delitos de funcionarios del Gobierno Petro, queden en la impunidad. Según un reportaje de la revista Semanario, la redistribución automática y aleatoria de expedientes sensibles podría estancar procesos que están avanzados, justo cuando se aproxima el final del actual gobierno.
La medida y sus implicaciones
Firmada el 13 de junio de 2023 por Raúl Humberto González, delegado contra la criminalidad organizada, la resolución establece un proceso de reorganización que impacta direcciones clave, como narcotráfico, derechos humanos, y especialmente la dirección contra la corrupción, que maneja expedientes de figuras relevantes del Ejecutivo. La alarma se intensifica ante la posibilidad de que estos casos queden en un limbo judicial, lo que podría dar pie a que se suspendan preacuerdos o principios de oportunidad.
La redistribución implica que los fiscales deben preparar sus expedientes para ser reasignados de manera automática, lo que, según algunos fiscales, es una “cortina de humo” que podría comprometer la independencia de sus decisiones. “Ahora nadie se atreve a tomar decisiones”, expresaron fuentes internas.
Casos en riesgo de quedar impunes
Entre los expedientes que podrían verse afectados se encuentran investigaciones de alto impacto mediático y político, como las que involucran a Laura Sarabia, futura embajadora en el Reino Unido; Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; y Armando Benedetti, exministro del Interior. Asimismo, están en juego los procesos relacionados con Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, señalado por contrabando, y las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, que implican a altos funcionarios.
La situación se complica aún más por la reciente solicitud de extradición de Marín desde Portugal, trámite que fue aprobado, pero aún no concretado. Con la redistribución, el proceso podría sufrir nuevos retrasos, ya que un fiscal recién asignado necesitaría tiempo para familiarizarse con los expedientes.
El caso de Marelbys Meza, quien fue sometida a interceptaciones ilegales por orden de la Presidencia, documenta la gravedad de las irregularidades. La Fiscalía ha probado que Meza fue falsamente vinculada al Clan del Golfo, mientras que su proceso incluye pruebas de polígrafo ilegales que comprometen a Sarabia y al coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad presidencial.
Las investigaciones sobre la campaña de Petro también se encuentran en una etapa crítica. Según fuentes del búnker de la Fiscalía, la fase de indagación está cerrada y se esperaban decisiones inminentes que podrían afectar aún más a la actual administración de Ecopetrol.
El temor entre los funcionarios radica en que la redistribución de estos casos complejos a las regiones, bajo el pretexto de la regionalización, podría exponer las investigaciones a riesgos de seguridad y cooptación por parte de mafias locales, algo que en el pasado motivó la centralización de estos procesos en Bogotá.
Investigadores experimentados ven la medida como un ataque a la autonomía de los fiscales y un riesgo para la seguridad en casos de impacto nacional. “Reasignar los expedientes sin otro argumento que la regionalización, en términos prácticos, es torpedear las investigaciones”, manifestaron fuentes cercanas al diario nacional.
El impacto de esta reorganización no se limita a lo judicial, sino que afecta la estabilidad personal de los fiscales, muchos de los cuales son padres y madres de familia. Los traslados forzados implican separación familiar y riesgos adicionales al investigar delitos en regiones donde la presión de actores locales puede ser mayor.
La Fiscalía, que había superado años de problemas con fiscales en seccionales investigando a políticos en sus propias regiones, corre el riesgo de regresar a un pasado que ponía en peligro la seguridad y la integridad de las investigaciones.
