La reciente fuga de 20 pandilleros considerados “de alta peligrosidad” de una prisión en Guatemala ha provocado una crisis política significativa. Esta situación ha llevado a críticas hacia el presidente Bernardo Arévalo y ha suscitado llamados para la renuncia del ministro de seguridad.
Las autoridades confirmaron el domingo que los miembros de la pandilla Barrio 18, catalogada como organización “terrorista” por Estados Unidos, escaparon de la prisión Fraijanes II, ubicada cerca de la capital. Sin embargo, el Gobierno no ha especificado cuándo ocurrió esta evasión, que se da en un contexto de creciente violencia en el país.
Estados Unidos calificó la fuga como “inaceptable”, y diversos políticos, analistas y sectores empresariales han expresado su descontento con la inacción del Gobierno. “Considero que esta es la crisis más grave del Gobierno hasta ahora, porque para Estados Unidos, son 20 terroristas que han escapado”, declaró a la AFP el constitucionalista Edgar Ortiz.
La situación ha generado un impacto considerable en la percepción de seguridad, acentuando una crisis política en el país. Tres diputados, incluido el presidente del Congreso, Nery Ramos, han propuesto la creación urgente de una ley antipandillas que incremente las penas. La semana pasada, el Gobierno envió un proyecto similar al Congreso, que también incluye un aumento en las penas y la construcción de una cárcel de máxima seguridad.
En respuesta a la fuga, el Gobierno ha intensificado la vigilancia en las prisiones y en las fronteras de El Salvador, Honduras y México, además de ofrecer recompensas por los fugados. Hasta el momento, solo uno ha sido recapturado. “Es un asunto grave”, comentó el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señalando que la percepción de inseguridad está destinada a aumentar.
El presidente Arévalo se encontraba en Europa al momento de la fuga, donde se reunió con el papa León XIV, y regresó a Guatemala el lunes por la noche. Ortiz afirmó que la crisis se ha intensificado por la falta de un pronunciamiento presidencial durante las primeras 48 horas. Diversos grupos en el Congreso, incluyendo el partido oficial, han pedido la dimisión del Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien ha destituido a los altos funcionarios del sistema penitenciario pero ha rechazado renunciar.
Los analistas advierten sobre una carencia “estructural” en el sistema penitenciario del país. “Se suman muchos factores y al final evidencian un liderazgo débil ante una crisis de esta magnitud por parte del presidente”, afirmó Ortiz.
La Cámara Guatemalteca de Comercio describió la fuga como un “grave atentado contra la seguridad nacional” y un claro signo del colapso del sistema de seguridad. Por ello, la Cámara ha solicitado implementar un “estado de prevención” que permita al Ejército patrullar las calles y tomar control de las cárceles.
El 23 de septiembre, el gobierno estadounidense clasificó a la pandilla Barrio 18 como organización “terrorista”, tras haber hecho lo mismo meses antes con su rival, la Mara Salvatrucha. Ambas pandillas son responsables de la violencia que azota al país y se dedican a la extorsión de comerciantes y transportistas.