El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha cuestionado la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró legales las interceptaciones telefónicas en su contra. Esto forma parte de un proceso que investiga presuntas irregularidades durante su gestión como alcalde de Rionegro.
Reacciones del Gobernador
Rendón expresó su descontento a través de su cuenta de X, señalando que en una primera instancia se habían declarado ilegales dichas interceptaciones. “La magistrada del Tribunal consideró las chuzadas como desproporcionadas y sin motivos fundados”, afirmó, añadiendo que no había relación entre la investigación y los motivos para vulnerar su derecho a la intimidad.
El mandatario no dudó en criticar a la fiscal Luz Adriana Camargo y a su delegada ante la Corte Suprema de Justicia. A su juicio, su caso avanza “a paso de liebre” mientras que los procesos en contra de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro son tratados “a paso de tortuga”. Esto pone de manifiesto la percepción de lentitud en el sistema judicial, un tema que resuena en la opinión pública.
Detalles del Caso
El Tribunal analizó la legalidad de las órdenes de interceptación de comunicaciones dictadas en el caso de Rendón, determinando que estas eran necesarias y proporcionales. Según la magistrada ponente, Yanet Liliana Martínez Palma, las intervenciones de la Fiscalía estaban justificadas y servían como soporte jurídico para continuar la investigación sobre contratos con presuntas irregularidades durante la administración de Rendón.
El caso se centra en contratos por un total de 1,270 millones de pesos para la construcción de Centros de Atención al Público en Rionegro. Las interceptaciones fueron realizadas respetando el debido proceso y asegurando la cadena de custodia, protegiendo los derechos del investigado, según el fallo del Tribunal.
La solicitud de la Fiscalía se sustentó en una denuncia presentada el 31 de agosto de 2022 por una veeduría ciudadana, impulsada por sectores políticos que critican la gestión de Rendón. La investigación, que había estado pausada, se reactivó tras la llegada de la fiscal Camargo, quien ha tomado un papel activo en el caso.
La denuncia alega irregularidades en la contratación directa con Edeso, una empresa sin experiencia comprobada en la ejecución de obras, lo que derivó en subcontrataciones y posibles pérdidas para el erario público. La situación plantea dudas sobre la transparencia en la gestión pública y la necesidad de una mayor agilidad en el procesamiento de los casos judiciales.
