El reciente escándalo de corrupción en el que están involucrados 11 servidores públicos, incluyendo marinos y agentes aduanales, ha dejado al descubierto la inacción del gobierno mexicano frente a una brutal red de huachicol. Según declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y del fiscal general Alejandro Gertz, se confirma que la administración, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocía la magnitud del problema desde hace al menos dos años.
La omisión del gobierno y sus implicaciones
Lo impactante de esta situación es que, a pesar de tener información sobre el tráfico y venta de combustible robado o no declarado, el gobierno no tomó medidas efectivas para detenerlo. Aquí se plantea una pregunta inquietante: ¿fue negligencia o complicidad? Las declaraciones de los funcionarios en una conferencia reciente en Palacio Nacional parecen intentar suavizar la realidad, pero cada nueva evidencia refuerza la idea de que el gobierno no solo ignoró el problema, sino que también pudo haber participado en él.
Como mencionó García Harfuch, la información sobre la red de huachicol estaba disponible, pero las acciones para desmantelarla fueron escasas. Esto sugiere una falta de voluntad política que resulta preocupante. El grito que resonó en el pasado, “¡Fue el Estado!”, cobra fuerza en este contexto, ya que se revela que el propio gobierno pudo haber estado involucrado en la corrupción.
Escenificación y la realidad oculta
Es comprensible que los altos funcionarios intenten evitar un lenguaje que los comprometa directamente, pero la realidad es que el encubrimiento y la inacción han permitido que esta red de corrupción florezca. El movimiento político que llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción hoy se encuentra en una situación incómoda, tratando de justificar lo injustificable. La ceguera o la pereza, como se ha insinuado, son factores que han permitido que el huachicol se convierta en un negocio de miles de millones de pesos.
Esta situación no solo mancha la reputación del actual gobierno, sino que también pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La lucha contra la corrupción es un tema recurrente en la agenda pública, pero este caso demuestra que aún queda un largo camino por recorrer. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué pasos tomará el gobierno para enfrentar esta crisis de legitimidad?
