El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha reactivado un controvertido contrato de 2 millones de dólares con el proveedor de software espía Paragon Solutions, lo que ha encendido alarmas sobre la privacidad de los inmigrantes en territorio estadounidense. Este contrato, que permite la intervención de teléfonos móviles y el acceso a aplicaciones de mensajería encriptada como WhatsApp y Signal, fue originalmente impulsado por la administración de Donald Trump y ahora toma fuerza bajo la actual gestión.
Detalles del contrato y su impacto
Firmado a finales de 2024 durante la administración del expresidente Joe Biden, el acuerdo fue suspendido temporalmente para revisar su cumplimiento con una orden ejecutiva que limita el uso de software espía comercial por parte de agencias federales. Sin embargo, el ICE no ha aclarado cómo planea utilizar esta tecnología, que también permite acceder al GPS del teléfono, a las fotos y manipular la grabadora de audio.
Este tipo de vigilancia plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y los derechos de los inmigrantes, quienes ya enfrentan una situación vulnerable en Estados Unidos. La reactivación del contrato podría intensificar el clima de miedo y desconfianza entre las comunidades inmigrantes, que temen ser blanco de las autoridades.
Envío de abogados militares para resolver casos de inmigración
Por otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha autorizado el envío de 600 abogados militares al Departamento de Justicia (DOJ) para actuar temporalmente como jueces de inmigración. Este movimiento es una respuesta a la abrumadora cantidad de casos atascados en las cortes de inmigración, donde los tiempos de espera han aumentado de manera alarmante.
Los grupos de abogados, compuestos por 150 profesionales cada uno, serán enviados “lo antes posible” y permanecerán en esta función por 179 días, aunque existe la posibilidad de una extensión, según un memorando del pasado 27 de agosto. Esta decisión refleja la presión que enfrenta el sistema judicial para abordar la crisis migratoria que afecta tanto a inmigrantes como a las autoridades que manejan sus casos.
En resumen, la reactivación del contrato de Paragon Solutions y el envío de abogados militares son dos movimientos que marcan un giro significativo en la política migratoria de Estados Unidos, lo que podría tener repercusiones importantes para las comunidades inmigrantes y el sistema judicial en su conjunto.
