El Banco Central del Uruguay (BCU) tomó la decisión de intervenir y suspender de manera preventiva las actividades de la corredora de bolsa Pérez Marexiano. Esta medida se debe a serios incumplimientos y posibles delitos dentro de la firma, que ya había sido objeto de atención mediática tras las denuncias de estafa y apropiación indebida en contra de un individuo que se hacía pasar por empleado.
El regulador detectó una serie de irregularidades graves en la gestión de la firma, incluyendo operaciones no autorizadas realizadas por Ignacio González Palumbo. Este individuo, que no tenía un vínculo formal con la empresa, fue responsable de manejar cuentas de clientes, emitir órdenes de inversión y generar estados de cuentas falsos. La investigación del BCU reveló que los directivos de la firma no ejercieron un control adecuado sobre estas actividades, las cuales carecían de registros y procedimientos formales apropiados.
Además, se permitió el uso de fondos de ciertos clientes para cubrir las operaciones de otros, lo que refleja una falta de supervisión y debilidades significativas en el control interno y en los mecanismos de prevención de lavado de activos. La resolución del BCU indica que la mayoría de los clientes no cuentan con un contrato que regule su relación comercial con la corredora, aunque había un “poder de libre administración” otorgado a González Palumbo.
La situación se complicó aún más cuando la justicia uruguaya decidió extender por 180 días las medidas cautelares contra González Palumbo, quien tiene prohibido salir del país mientras se recaban pruebas para su eventual imputación, según informó la fiscal de Delitos Económicos, Sandra Fleitas.
González Palumbo presentó informes a sus clientes que mostraban resultados positivos en sus inversiones, lo que generó una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, al intentar retirar sus fondos, 25 afectados se dieron cuenta de que los intereses eran irregulares. Vivianne Yafe, una de las afectadas, lamentó que el estafador utilizó su relación familiar para defraudarla y expresó su frustración por la lentitud del proceso judicial.
El individuo de 38 años, involucrado en el sector de inversiones desde 2019, llevaba un estilo de vida ostentoso, cambiando de autos de lujo cada seis meses y disfrutando de estancias en Punta del Este. Su comportamiento extravagante contrastaba con la gravedad de las acusaciones en su contra, dejando a muchos clientes en una situación financiera precaria.
