El presidente del Congreso de la República, José Jerí, se manifestó con claridad sobre la situación del exmandatario Martín Vizcarra, tras la reciente decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de declarar nula su clasificación que le permitía permanecer en el penal de Barbadillo. Esta resolución abre la posibilidad de que Vizcarra sea trasladado al penal de San Juan de Lurigancho, lo cual ha desatado un intenso debate político en el país.
La postura de Jerí y el respeto a la tradición
Jerí enfatizó que, más allá de la controversia, es fundamental aplicar las mismas reglas que se han seguido en el pasado con otros expresidentes que han enfrentado procesos judiciales. “Debe tener el mismo tratamiento que otros expresidentes. Hay un principio y una tradición que tendría que respetarse conforme a las normas vigentes”, expresó el titular del Parlamento.
Su pronunciamiento se produce después de que el INPE estableciera que Vizcarra obtuvo un puntaje de 10 en el proceso de evaluación, lo que hace irregular su estancia en Barbadillo y lo coloca en la lista de internos que deben cumplir condena en Lurigancho, el penal más grande y sobrepoblado del país. Esta situación ha generado un debate abierto sobre el tratamiento que deben recibir los expresidentes, un tema delicado en la política peruana.
Reacciones y defensa de Vizcarra
Desde el entorno familiar de Vizcarra, las críticas no se hicieron esperar. Su hermano, Mario Vizcarra, calificó la resolución del INPE como arbitraria y advirtió sobre la posibilidad de que se estén buscando “irregularidades políticas” para justificar un traslado a Lurigancho. Además, responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte por lo que pueda sucederle a su hermano en caso de concretarse el cambio de penal.
En defensa de Vizcarra, su abogado, Alejandro Salas, argumentó que el exmandatario debe ser tratado con una excepción debido a su condición de expresidente. “No se le puede enviar a Lurigancho por cualquier justificación, él tiene la condición de expresidente y eso nadie se lo puede quitar”, manifestó Salas, quien también es militante de Perú Primero.
Por su parte, el jefe del INPE, Iván Paredes, aclaró que la permanencia de Vizcarra en Barbadillo no fue sustentada adecuadamente. Paredes indicó que la junta de clasificación no aplicó correctamente la directiva que regula el internamiento de procesados y sentenciados, simplemente lo envió a Barbadillo por haber sido presidente. Según el funcionario, Vizcarra obtuvo un puntaje que corresponde al perfil de internos destinados a Lurigancho, no a un penal especial.
El INPE también emitió un comunicado afirmando que ni la presidenta Boluarte ni otras instituciones han influido en el proceso, rechazando así las acusaciones de presiones políticas. En su declaración, se detalló que Barbadillo está reservado únicamente para expresidentes elegidos mediante voto popular, lo que no se aplica en el caso de Vizcarra, quien asumió la presidencia tras una vacancia. El INPE reconoció la existencia de un vacío legal y subrayó que su prioridad será garantizar la seguridad del exmandatario en cualquier penal al que sea trasladado.
