El juicio relacionado con el asesinato de Belén Cortés Flor ha sido cerrado para sentencia tras tres días de audiencias. Este proceso judicial se ha centrado en la participación de tres menores, de los cuales solo se acusa a dos varones como los autores materiales del crimen y ha rebajado la implicación de la tercera acusada a coautora.
La acusación particular, representada por Raúl Montaño, ha ajustado sus conclusiones iniciales para coincidir con la postura de la fiscalía. El ministerio público solicita una pena de seis años de internamiento en régimen cerrado para los dos chicos, que en el momento de los hechos tenían 14 y 15 años. Para la menor de 17 años, la petición es de cinco años. Por su parte, el abogado de la familia de la víctima ha solicitado la misma pena de seis años para todos, aunque inicialmente había solicitado ocho para ella.
Mientras tanto, dos de las defensas han solicitado la absolución de sus clientes, y la tercera no ha hecho declaraciones al respecto. En términos de responsabilidad civil, tanto la acusación como las defensas han coincidido en que la Administración regional debe hacerse cargo de las indemnizaciones a los familiares de la víctima, argumentando que esta entidad era la responsable de la supervisión de dos de los menores implicados.
La Junta de Extremadura sostiene que no debe ser considerada responsable directa, sino subsidiaria, ya que no hubo negligencia grave de su parte. Esta posición se traduce en una oposición a la indemnización de alrededor de 600,000 euros que solicita la acusación. Según el abogado del padre del menor de 14 años, la obligación de supervisión recaía en la empresa concesionaria delegada por la Junta, argumentando que su cliente no podía controlar a su hijo debido a su situación.
El abogado que representa al menor de 15 años ha enfatizado que no se ha demostrado su culpabilidad en el homicidio durante el juicio. Además, ha señalado que las circunstancias del caso eran evitables y que la administración no actuó a pesar de las denuncias y advertencias previas.
Los hechos que se juzgaron ocurrieron cerca de la medianoche del 9 de marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en la Urbanización Guadiana, administrado por Cerujovi y bajo la tutela de la Junta de Extremadura. En el momento del ataque, la educadora había llegado solo unas horas antes y estaba a cargo de cuatro menores, tres de los cuales están en juicio.
Durante el juicio, más de 50 testigos fueron citados, aunque se renunció a algunos de ellos. Los últimos en declarar fueron los menores, quienes intentaron eludir la responsabilidad en el crimen. Uno de los varones implicó al otro como el autor material del asesinato, mientras que el segundo solo admitió que estuvo presente sin intervenir. La menor también testificó que sus compañeros agredieron a la educadora, pero no precisó quién fue responsable de su muerte, excusándose al decir que “se quedó paralizada”.
Los forenses confirmaron que Belén Cortés fue atacada de manera “sorpresiva”, sin presentar heridas defensivas, y que sufrió golpes y estrangulamiento con un cinturón.
