La presidenta del Poder Judicial, Fanny Margarita Amador Montes, subrayó que “la justicia no debe ser un privilegio de unos cuantos, sino el derecho de todas y todos”. Esta declaración se hizo en el contexto del compromiso institucional por avanzar en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), cuya obligatoriedad entrará en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027.
Durante su intervención celebrando el aniversario de la anexión de Calpulalpan a Tlaxcala, la magistrada destacó que el Poder Judicial ya cuenta con una Casa de Justicia en este municipio. Este espacio se encarga de atender asuntos que impactan la vida y convivencia de las familias calpulalpenses, y su funcionamiento ha sido posible gracias al apoyo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
No obstante, Amador enfatizó que el reto que se presenta en el ámbito de la justicia es considerable. Con la próxima implementación del CNPCF, el país pasará de procedimientos escritos a un sistema basado en audiencias orales. Se busca modernizar la justicia a través de juicios en línea y establecer tribunales más cercanos, ágiles y humanos.
Recordó que este nuevo código es resultado del mandato establecido en el artículo segundo transitorio del decreto federal, el cual instruye a los poderes judiciales de todas las entidades a adoptar las disposiciones nacionales antes de la fecha límite de 2027. “Tlaxcala no será la excepción y desde ahora nos preparamos para que cada persona tenga acceso a una justicia moderna, transparente y con perspectiva de derechos humanos”, afirmó.
La magistrada también mencionó que esta legislación no solo implica un cambio técnico o procesal, sino que representa una transformación cultural en la impartición de justicia. Introduce principios fundamentales, como la perspectiva de género, el interés superior de niños y adolescentes, así como la accesibilidad para grupos en situación de vulnerabilidad.
Amador añadió que estos cambios requieren preparación, capacitación y coordinación, pero también una convicción ética. “Porque de nada sirve la ley si no se traduce en esperanza y confianza para la gente”, destacó. Ante este desafío, la jurista confió en que, mediante el trabajo coordinado, se logrará una implementación eficaz del código y se cumplirá con el mandato constitucional de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial.
Es importante señalar que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entró en vigor el 8 de junio de 2023. Su aplicación será gradual, dependiendo de las declaratorias que emitan los congresos de las entidades federativas, sin que esta implementación supere la fecha límite del 1 de abril de 2027.
