Una decisión judicial en Tamaulipas ha desatado un amplio debate sobre la lucha contra el crimen organizado en México. La jueza federal Martha Patricia Rodríguez Salinas ha otorgado la libertad absoluta a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, conocida popularmente como “La Mojón”, quien era considerada una presunta operadora del Cártel del Noreste (CDN). Esta resolución se produce tras una evaluación que determinó la falta de pruebas suficientes para mantener los cargos en su contra.
Sofía del Carmen fue detenida en 2017, acusada de estar implicada en el asesinato de cinco elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. El ataque, que tuvo lugar en enero de ese año, se trató de una emboscada contra servidores públicos adscritos a la Coordinación Regional de la dependencia en la ciudad de Nuevo Laredo. Según los informes, los agresores dispararon más de 200 veces contra los agentes, un acto que evidenció la violencia que caracteriza a la región.
La investigación que condujo a su detención incluyó peritajes y declaraciones que llevaron a varias órdenes de aprehensión, entre ellas la de Monsiváis Treviño. Se le vinculó con los delitos de asociación delictuosa, homicidio calificado y otros delitos cometidos contra servidores públicos. Sin embargo, la jueza determinó que no existían elementos suficientes para continuar con el proceso legal.
La conexión familiar de “La Mojón” con el crimen organizado es notable. Es sobrina de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, conocido como “Z-42”, quienes fueron líderes de Los Zetas y figuras clave en la transición hacia el CDN, un grupo con fuerte presencia en el norte del país. Esta relación ha alimentado especulaciones sobre su rol dentro de la organización criminal.
La liberación de Sofía del Carmen se produce en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos, que ha intensificado las sanciones contra presuntos miembros del CDN. Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bloqueó las cuentas de cuatro personas, entre ellas el cantante Ricardo Hernández Medrano, conocido como “El Makabelico”. Según el Tesoro estadounidense, “Makabelico” utiliza su plataforma artística para lavar dinero, canalizando aproximadamente el 50 por ciento de sus regalías hacia el cartél.
Las sanciones también alcanzan a figuras como Abdón Federico Rodríguez García, señalado como segundo al mando del CDN, y a otros colaboradores como Antonio Romero Sánchez, alias “Cucho”, y Francisco Daniel Esqueda Nieto, conocido como “Franky Esqueda”. Las autoridades advierten que cualquier entidad financiera que facilite transacciones con los sancionados podría enfrentar severas consecuencias.
El Departamento del Tesoro ha subrayado el impacto del Cártel del Noreste en la región, indicando que su influencia se extiende a las comunidades en ambos lados de la frontera. “El Departamento del Tesoro seguirá incansable en su esfuerzo por priorizar a Estados Unidos, combatiendo a los cárteles terroristas de la droga”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Añadió que estos grupos “envenenan a los estadounidenses con fentanilo y llevan a cabo operaciones de tráfico de personas a lo largo de nuestra frontera suroeste”.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, la absolución de Monsiváis Treviño se produce en un momento crítico, mientras las investigaciones internacionales sobre los flujos financieros y las estructuras operativas del CDN continúan. Esta organización ha diversificado sus fuentes de ingreso más allá del tráfico de drogas y personas, complicando aún más la situación en la que se encuentran las autoridades mexicanas y estadounidenses en su lucha contra el crimen organizado.
La liberación de “La Mojón” plantea interrogantes sobre la efectividad de la justicia en el combate a las organizaciones criminales y pone de relieve la necesidad de un enfoque más exhaustivo para abordar las raíces del problema en la región. Con la presión internacional en aumento, el futuro del combate al crimen organizado en México sigue siendo incierto.
