La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que la extradición de Rafael Caro Quintero a territorio estadounidense se llevó a cabo siguiendo órdenes directas del expresidente Donald Trump. Esta declaración fue publicada en su cuenta oficial de X, donde compartió imágenes de una reunión entre Trump y la familia de Enrique “Kiki” Camarena, el agente de la DEA asesinado en 1985, un crimen que se atribuye a Caro Quintero, quien en ese entonces lideraba el Cártel de Guadalajara.
Bondi escribió: “En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, adjuntando fotografías del encuentro en el que también participó Enrique Camarena Jr., hijo del agente asesinado y actual juez en California.
Enrique Camarena Salazar fue un agente encubierto de la DEA, de ascendencia mexicana y nacionalizado estadounidense. En los años 80, trabajó en la oficina de Guadalajara, en un periodo crítico para el Cártel de Guadalajara, que era liderado por Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, y Ernesto Fonseca Carrillo. Camarena desapareció el 7 de febrero de 1985 junto a su informante, Alfredo Zavala. Un mes después, sus cuerpos fueron hallados con señales de tortura. La DEA sostiene que su investigación estaba a punto de desmantelar una red de narcotráfico que operaba entre México y Estados Unidos, lo que lo convirtió en un blanco del cártel. Las indagatorias apuntaron a Caro Quintero como el autor intelectual del secuestro y asesinato del agente.
Caro Quintero fue arrestado en 1985 en Costa Rica y posteriormente extraditado a México, donde recibió una condena de 40 años de prisión. Sin embargo, en 2013 fue liberado debido a una decisión judicial polémica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó esa resolución en 2022, lo que llevó a su recaptura en Sinaloa tras más de una década de fuga. El 27 de febrero de 2025, el gobierno mexicano lo extraditó a Estados Unidos junto con otras 28 personas vinculadas al narcotráfico.
Ante la justicia estadounidense, Caro Quintero enfrenta múltiples cargos, incluyendo conspiración para el secuestro, tortura y asesinato de un agente federal; operación de una empresa criminal continua; tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana; y posesión y uso de armas de fuego. Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en agosto de 2025 que no buscará la pena de muerte contra él, las autoridades federales han confirmado que se implementarán medidas de aislamiento extremo para este narcotraficante de 72 años, ya que se considera que aún representa un riesgo para la seguridad pública al mantener supuestas conexiones criminales desde prisión, con la ayuda de su hermano, Miguel Ángel Caro Quintero.
