Este lunes, casi 60,000 migrantes hondureños y nicaragüenses se enfrentan a la dura realidad de la deportación tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, lo que lleva a muchos a clamar por clemencia al presidente estadounidense, Donald Trump. “Le pedimos, por favor, que nos dé un estatus temporal, que no olvide que hemos trabajado y aportado”, expresó Iris Aguilar, una hondureña residente en Miami, a la agencia EFE.
Fin del TPS y su impacto
La situación se ha vuelto crítica, especialmente para los migrantes en Florida, donde reside uno de cada tres beneficiarios del TPS. Este alivio migratorio, vigente desde 1999 tras el devastador huracán Mitch, termina por decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que argumenta que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado notablemente. Sin embargo, los migrantes contradicen esta afirmación, señalando que las condiciones han empeorado.
“En Nicaragua se establece una dictadura y en Honduras, los gobiernos son cómplices del crimen organizado”, afirmó Lesly Mejía, quien se encuentra entre los afectados. Ella y otros migrantes advierten sobre una “verdadera tragedia humana” que comienza con la pérdida de su estatus migratorio y, en consecuencia, de sus derechos básicos.
El fin del TPS no solo afecta a los migrantes, sino que también tiene repercusiones económicas para Honduras, un país que depende en gran medida de las remesas. Según Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, “más del 27% del PIB de Honduras depende de las remesas, y deportar a 55,000 hondureños agravará la situación económica”.
Últimas esperanzas y miedos
A pesar de la inminente deportación, aún existe un proceso legal en el Noveno Circuito de San Francisco que podría ofrecer una solución, pero la decisión no llegará hasta el 18 de noviembre. Mientras tanto, familias como la del puertorriqueño Julio Marrero viven con miedo y ansiedad, ya que su esposa es beneficiaria del TPS y teme salir de casa. “Está encerrada, no quiere salir ni a la calle”, relata Marrero, quien advierte que la situación es alarmante.
La desprotección de los hondureños y nicaragüenses llega justo después de que un juez federal bloqueara la orden de la administración Trump de poner fin al TPS para más de un millón de inmigrantes de Venezuela y Haití. Sin embargo, el tiempo se agota y la incertidumbre crece entre quienes han hecho de Estados Unidos su hogar por más de 25 años.
