El conflicto por la “Operación Caudal” en el Estado de México se intensifica, ya que los piperos han anunciado la continuación de sus protestas y bloqueos debido a lo que consideran una falta de respuesta de las autoridades. Este operativo, implementado por el gobierno estatal para combatir el huachicol del agua, incluye la clausura de pozos irregulares y la incautación de vehículos, lo que ha generado descontento entre transportistas que afirman operar de manera legal y dependen del abasto de agua.
Los piperos exigen la reapertura de pozos, mientras que el gobierno insiste en que la medida busca regularizar la distribución del líquido. La tensión sigue creciendo, y el riesgo de nuevos bloqueos carreteros es inminente. Tras la implementación del operativo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en colaboración con la Secretaría de Seguridad federal, logró concluir el caos generado mediante acuerdos en una mesa de trabajo con la FGJEM, la CAEM, Conagua y la Secretaría General de Gobierno.
Era previsible que surgieran presiones, dado que los intereses afectados por esta operación son significativos. Tanto el fiscal José Luis Cervantes como el secretario federal Omar García Harfuch eran conscientes de que tocar estas estructuras generaría reacciones por parte de quienes, durante años, se han beneficiado del manejo irregular del agua.
El Estado de México se destaca por contar con una de las legislaciones más avanzadas en materia de delitos relacionados con la extracción, distribución y comercialización del agua. Según el artículo 145 del Código Penal local, se establecen penas para quienes distribuyan agua potable a través de pipas sin el permiso correspondiente o utilicen fuentes no autorizadas, con sanciones que pueden llegar hasta seis años de prisión y multas significativas.
Es urgente poner fin a este negocio que ha perjudicado a miles de mexiquenses. Durante años, se ha lucrado con la necesidad y la pobreza, vendiendo agua que debería ser suministrada de manera regular y gratuita. En los próximos días, se ejecutarán órdenes de aprehensión contra líderes y objetivos prioritarios, lo que indica que el operativo no está diseñado para criminalizar a quienes dependen de este oficio, sino para desmantelar el negocio ilícito que han construido unos pocos.
La gobernadora Delfina Gómez es consciente del costo político que implica esta decisión, pero también entiende su importancia en términos de justicia y gobernabilidad. Por ello, se evidencia que las autoridades están decididas a combatir la corrupción, los intereses enquistados y la impunidad.
En otro orden de ideas, la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI ha comenzado el registro de aspirantes para las presidencias y secretarías generales de los 125 comités municipales, con miras al periodo 2025-2028. La presidenta del CDE, Cristina Ruiz Sandoval, ha mostrado un enfoque cuidadoso y respetuoso del proceso, el cual está bajo la responsabilidad de la CEPI.
En el primer día de registro se presentaron fórmulas en aproximadamente 40 municipios, y se espera que el segundo bloque continúe esta semana, con el objetivo de construir candidaturas sólidas para las elecciones intermedias de 2027.
Por otro lado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maýnez, se reunió recientemente con estudiantes de la FES Acatlán, donde reafirmó su conexión con la juventud, acompañado de figuras como Juan Zepeda, Juana Bonilla y Ruth Salinas.
Finalmente, las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México han inaugurado nuevas oficinas, un evento que contó con la presencia del presidente del Poder Judicial, Héctor Macedo García, y la presidenta del organismo, Maricela Reyes Hernández. La rapidez en la apertura de estas oficinas ha sido notable.
