En una contundente alocución presidencial, el 2 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro denunció el presunto desvío de recursos públicos destinados a la nutrición de estudiantes en el país, focalizando sus críticas en el departamento del Tolima. Según el mandatario, las fundaciones contratadas para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) están involucradas en una red de corrupción que se apropia de los fondos, en lugar de cumplir su función social. “Se robaron la comida de los jóvenes y niños en los colegios. Por codicia, corrupción profunda en departamentos y municipios… No entregamos plata para que en el Tolima se la roben”, expresó Petro.
La reacción de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, fue inmediata y contundente. En respuesta a las acusaciones, defendió la gestión del PAE en su administración y destacó que actualmente se atienden a 85,988 niños y niñas en 1,564 sedes educativas, de las cuales 1,400 están ubicadas en zonas de difícil acceso. “Todos los días escolares entregamos 50,184 raciones en el área rural y 35,804 en el área urbana. Eso está soportado y documentado”, afirmó Matiz en su cuenta de X.
El contexto del Programa de Alimentación Escolar
La mandataria enfatizó que el esfuerzo para mantener el PAE ha sido compartido entre el gobierno nacional y el departamento, pero advirtió que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad del programa. “Desde el primero de octubre, las niñas y niños del Tolima se quedarían sin alimentación escolar si no se apropian más recursos. Por eso hemos buscado soluciones conjuntas con el Gobierno Nacional”, señaló.
Matiz también hizo un llamado a evitar que el debate sobre el PAE se convierta en un campo de batalla político. “Solicito que este tema sensible no se convierta en un revanchismo mediático-político ni en acusaciones sin fundamento con cálculos electorales. Nadie se ha robado el PAE en el Tolima”, concluyó la gobernadora.
Esta controversia subraya la tensión entre el gobierno nacional y las administraciones locales, un fenómeno que no es nuevo en la política colombiana y que refleja la complejidad de la gestión pública en el país. Con la incertidumbre sobre el futuro del PAE, el bienestar de miles de estudiantes en el Tolima pende de un hilo, y la presión para resolver esta crisis sigue en aumento.
