El Poder Judicial Federal ha sido incapaz de hacer cumplir una sentencia de amparo desde hace más de siete años, lo que ha generado graves críticas sobre su eficacia. Este caso particular se refiere a la sentencia 200/2018, que fue emitida en favor de una ciudadana que demandó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem) y a la Secretaría de Educación (SET) por el incumplimiento en el pago de salarios caídos.
El Juez José Guerrero Durán, quien preside el Juzgado Segundo de Distrito en Victoria, dictó la sentencia el 27 de marzo de 2018. En ella, se ordenó que el presidente del Tcatsem debía tomar medidas para que la SET cumpliera con la resolución del juicio laboral 539/2009, que ya había reconocido el derecho de la demandante al pago de su liquidación. Sin embargo, hasta el momento, el cumplimiento de esta resolución sigue sin realizarse.
A pesar de que el Juez había solicitado a las autoridades la ejecución de la sentencia, incluyendo la cobertura de las aportaciones ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social de los Trabajadores, la situación no ha cambiado. Este incumplimiento representa una violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hasta la fecha, el Juzgado ha emitido el requerimiento número 53 al Tcatsem, pero la sentencia de amparo y el laudo correspondiente a un juicio laboral que se inició hace 26 años siguen sin ser cumplidos. Este panorama revela la ineficacia del Poder Judicial Federal para hacer valer sus sentencias y refleja la falta de respeto del Tcatsem y la SET hacia el Estado de Derecho, afectando a una mujer que continúa buscando justicia en Tamaulipas.
