La ola de incendios forestales que ha azotado a Portugal durante casi un mes ha comenzado a ceder, y las autoridades han declarado que todos los grandes fuegos han sido controlados. Este periodo ha estado marcado por la mayor tragedia forestal en la historia del país, dejando una huella devastadora en la flora y fauna local.
Impacto sin precedentes en el medio ambiente
El Instituto para la Conservación de la Naturaleza y de los Bosques (ICNF) ha informado que el incendio que se declaró el pasado 13 de agosto en la zona de Arganil, en el distrito de Coimbra, ha calcinado unas 64,000 hectáreas. Esta cifra representa un récord en los registros históricos de incendios en Portugal, superando ampliamente las 53,000 hectáreas devastadas en el incendio de Vilarinho en 2017. Este fuego ha sido responsable de una cuarta parte de las 250,000 hectáreas consumidas por las llamas en el país en lo que va de este año, según la agencia de noticias Lusa.
A pesar de los avances en el control de los incendios, más de 40 municipios siguen en riesgo máximo de incendio. Las autoridades han sido cautelosas y evitan declarar la emergencia como superada, dada la situación crítica que aún persiste en diversas áreas.
Medidas para la recuperación y prevención
Uno de los puntos de mayor preocupación es Sabrosa, en el distrito de Vila Real, donde los servicios de extinción han logrado controlar el que ya es el tercer incendio en la misma zona este verano, de acuerdo con la cadena RTP. La situación ha llevado al Gobierno luso a implementar una serie de medidas para la recuperación de las áreas afectadas, así como de las infraestructuras y propiedades destruidas. Esta ola de incendios ha dejado también un trágico saldo de cuatro víctimas mortales.
Las autoridades continúan trabajando arduamente para prevenir futuros desastres y restaurar las zonas dañadas, mientras la población se enfrenta a las consecuencias de esta devastadora crisis ambiental. El futuro de los bosques portugueses depende de la efectiva implementación de estas medidas y de la colaboración entre los ciudadanos y el Gobierno.
