La retención de 45 militares en la zona rural de El Tambo, Cauca, ha puesto de manifiesto la preocupante estrategia de grupos armados ilegales que utilizan a comunidades civiles como escudos para frenar las operaciones de la Fuerza Pública. El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, calificó este fenómeno como un hecho “sin precedentes” y remarcó que se trata de un delito que debe ser investigado de inmediato.
Un hecho alarmante en la región
Durante la instalación del XXXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso en Barranquilla, Eljach afirmó que la retención de militares por civiles, bajo presión de grupos armados, es una práctica “novedosa” en el país. Subrayó que los organismos de control tienen la obligación de actuar con prontitud: “Eso son delitos y los organismos deben actuar con prontitud”, enfatizó.
El episodio más reciente ocurrió en El Tambo, donde cerca de seiscientas personas rodearon a un grupo de militares que realizaba una operación en la zona, acción atribuida a disidencias del Frente Carlos Patiño de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco. A pesar de la gravedad de los hechos, Eljach insistió en que la Fuerza Pública no puede responder con violencia contra la población civil debido a la prohibición constitucional.
“Se trata de comunidades instrumentalizadas por violentos armados criminales que le cierran el paso a las tropas”, advirtió Eljach, quien también destacó que el diálogo es la única vía para evitar conflictos entre civiles y militares.
Asonadas en aumento
El Ministerio Público ha reportado 28 asonadas en lo que va de 2025, con incidentes recientes en municipios como Caloto (Cauca) y Calamar (Guaviare), donde civiles han retenido a uniformados. Eljach calificó de “lamentables” estos episodios y pidió que los promotores de estas acciones sean perseguidos y judicializados.
Sin embargo, también pidió entender el contexto en el que actúan las comunidades: “Hay que ponerse en los zapatos de estas comunidades indefensas, sometidas bajo las armas de grupos ilegales que los instrumentalizan y los amenazan”. Aun así, aclaró que quienes participan en estas retenciones deben ser conscientes de que están cometiendo delitos y tendrán que responder ante la justicia.
Cauca se ha convertido en uno de los principales escenarios de disputa entre el Ejército y las disidencias de las FARC. Desde hace un año, las autoridades llevan a cabo la Operación Perseo para frenar el avance de grupos ilegales que han consolidado su presencia en la región.
Eljach destacó el comportamiento de los uniformados retenidos, resaltando que “prefieren pasar por esa vergonzosa situación y no levantar un arma, ni siquiera un golpe, contra un civil”, lo que evidencia, a su juicio, el compromiso de la Fuerza Pública con los derechos humanos.
Detrás de este episodio se encuentra Edwar Rubiano Álvarez, conocido como alias Jimmy. Según la inteligencia militar citada por Blu Radio, este individuo se presenta públicamente como presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Tigres y secretario de la Asociación Campesina de El Tambo. No obstante, las autoridades lo identifican como un actor clave dentro de las Redes de Apoyo a la Estructura Residual (Raer) de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco.
En paralelo, Eljach se refirió a otros temas de coyuntura, incluyendo al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informando que existen seis indagaciones preliminares por denuncias públicas, aunque aclaró que no hay ninguna persona vinculada formalmente y los procesos se encuentran en etapas iniciales. En cuanto a la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, Eljach enfatizó que estas medidas no deben tener como propósito la liquidación de la compañía, justo cuando se cumple un año desde que fue asumida por el Estado.
Con estas advertencias, el jefe del Ministerio Público reiteró la urgencia de que los organismos competentes actúen frente a las asonadas y subrayó que la instrumentalización de comunidades por parte de grupos armados no puede consolidarse como un mecanismo para obstaculizar a la Fuerza Pública.
