La protesta de la Generación Z, que tuvo lugar el pasado 27 de septiembre en Lima, dejó un total de 18 personas heridas, entre las que se incluyen un periodista y un brigadista, según informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en un comunicado difundido en sus redes sociales después de las 11 de la noche.
El reporte destaca que entre los heridos se encuentra un hombre de 65 años que fue impactado por perdigones y una mujer que sufrió efectos por agentes químicos. Estos individuos recibieron atención de emergencias en el centro de la ciudad. La CNDDHH condenó la represión llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú (PNP) y exigió la cesación inmediata de las agresiones.
Durante la marcha, un número significativo de manifestantes intentó avanzar hacia el Congreso de la República, lo que provocó los principales incidentes debido al uso de bombas lacrimógenas, vallas metálicas y perdigones por parte de las fuerzas del orden. La respuesta de la PNP resultó en lesiones no solo a los manifestantes, sino también a trabajadores de prensa y personal de salud que estaban cumpliendo con sus funciones.
El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANITRA), Julio Campos, indicó que al menos siete jóvenes fueron detenidos por la PNP durante los disturbios.
Demandas de protección para futuras movilizaciones
La CNDDHH hizo un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos para que se implementen medidas efectivas que garanticen la protección de los ciudadanos ante la próxima movilización programada para el 28 de septiembre en Lima. La organización subrayó la necesidad de establecer garantías institucionales que aseguren la integridad de los manifestantes y el ejercicio del derecho a la protesta.
En su comunicado, la CNDDHH enfatizó: “Protestar es un derecho, no un delito”. La convocatoria a nuevas marchas refleja la continua preocupación de los colectivos sociales respecto a la actuación de la policía y el contexto de tensión que persiste durante las manifestaciones.
Reclamos políticos y demandas sectoriales durante la protesta
El 27 de septiembre, estudiantes, trabajadores, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de transportistas se unieron en el centro histórico de Lima. Las demandas durante la manifestación estaban relacionadas tanto con la necesidad de más garantías frente a la inseguridad ciudadana y la ola de extorsiones en el sector transporte, como con la exigencia de transparencia, reformas políticas y oposición a la gestión actual de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.
A partir de la Plaza San Martín, los manifestantes marcharon con pancartas y cánticos hacia el Palacio Legislativo. La respuesta de la PNP incluyó el uso de barreras metálicas y dispositivos químicos que afectaron tanto a los manifestantes como a transeúntes en avenidas como Abancay.
En jornadas anteriores, se habían registrado agresiones a profesionales de la prensa durante la cobertura de las movilizaciones. Entre los heridos de la marcha de la Generación Z se encuentra un periodista, lo que refuerza las denuncias de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que ha contabilizado 18 incidentes de violencia contra trabajadores de medios en protestas recientes, atribuyendo la mayoría a agentes policiales. La Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP) también expresó su preocupación por los ataques a periodistas y daños a equipos audiovisuales.
Por parte de la PNP, se informó que al menos 12 agentes resultaron heridos en el mismo contexto, lo que refleja el alto nivel de confrontación entre las partes. Se reportó que un agente fue herido tras ser alcanzado por una bomba molotov.
Los eventos en el centro de Lima evidencian la creciente tensión entre las fuerzas del orden y quienes ejercen su derecho a protestar. El llamado de la CNDDHH enfatiza la urgencia de revisar los protocolos de actuación policial y establecer canales de diálogo que prevengan nuevas jornadas con víctimas y heridos. Con la convocatoria a una nueva movilización, la atención pública se centra en las medidas que tomarán las autoridades para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de la población.
