Durante el año 2024, que marca el final de la gestión de Sergio Salomón, el estado de Puebla experimentó la mayor incidencia delictiva desde 2010, registrando 44,263 delitos por cada 100,000 habitantes. Esta alarmante cifra se traduce en que, prácticamente, uno de cada tres hogares en el estado tuvo al menos un miembro víctima de algún delito.
Los delitos más frecuentes en este periodo incluyeron fraude, extorsión y robo de vehículos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, presentada por el Inegi. La tasa de incidencia delictiva en 2024 superó de manera significativa a la de 2010, que era de 23,946 delitos por cada 100,000 habitantes, lo que indica un aumento del 14 por ciento en los últimos 14 años.
Un notable pico de criminalidad se observó en 2017, durante la administración del Partido Acción Nacional (PAN) y con Tony Gali al frente, cuando se registraron 42,343 delitos por cada 100,000 habitantes. Los datos revelan que la criminalidad afecta a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de clases sociales.
De acuerdo con los informes, de un total de 1,884,415 viviendas en Puebla, 667,444 hogares reportaron que al menos un miembro sufrió un delito en 2024, evidenciando la magnitud del problema y la percepción de inseguridad que enfrentan los ciudadanos.
Entre los delitos que más impactaron a la población, el fraude lideró la lista, con una tasa de 8,930 incidentes reportados. La extorsión, comúnmente conocida como “cobro de piso”, afectó a 7,196 habitantes por cada 100,000, lo que refleja la vulnerabilidad de los ciudadanos ante grupos delictivos. Además, el robo de vehículos, ya sea parcial o total, constituyó otro delito de alto impacto, con 4,088 casos registrados, manteniendo a Puebla entre las entidades con mayores cifras de robos vehiculares en el país.
Expertos en seguridad han señalado que el incremento sostenido de estos delitos se debe a factores como la falta de programas de prevención, las deficiencias en la investigación de crímenes y la limitada coordinación entre las autoridades municipales y estatales.
Ante esta grave situación, la ENVIPE también resalta la necesidad de implementar estrategias de seguridad más efectivas, aumentar la presencia policial en las zonas con mayor incidencia delictiva y fomentar una cultura de denuncia entre la población. Si estas alarmas no son atendidas, advierten los especialistas, la tendencia podría continuar o incluso incrementarse en los próximos años, afectando no solo la calidad de vida de los poblanos, sino también la confianza en las autoridades.
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