El Tribunal Supremo ha decidido archivar varias denuncias presentadas por ciudadanos contra el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencia (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, al no encontrar indicios de delito en la actuación militar tras la dana ocurrida en Valencia el 29 de octubre del año pasado.
La Sala de lo Militar del alto tribunal ha cerrado así las denuncias que consideraban insuficiente el despliegue de recursos en la operación de rescate. Las acusaciones incluían presuntos delitos como homicidio por imprudencia profesional grave, omisión del deber de socorro y deslealtad, entre otros. El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja había remitido el caso al Tribunal Supremo, dada la condición aforada de Marcos Izquierdo.
Los denunciantes argumentaban que el jefe de la UME debió haber ordenado la movilización de todos los efectivos disponibles en la península y del resto de las Fuerzas Armadas en un radio de 500 km. Sin embargo, en un auto presentado por el presidente de la Sala Militar, Jacobo Barja de Quiroga, el tribunal indica que las acusaciones se basan en conjeturas y especulaciones carentes de fundamentos concretos.
El tribunal señala que, aunque las denuncias sugieren una falta de acción, esto no implica automáticamente que la conducta denunciada constituya un delito. Además, se menciona que no se ha demostrado que el teniente general no cumpliera con sus obligaciones de manera dolosa o imprudente.
El auto concluye que la exigencia de movilizar a todo el ejército es desproporcionada y no se alinea con el Protocolo de Intervención de la UME establecido en 2011. Se subraya que el deber jurídico, que se deriva del cargo institucional, no puede ser impuesto de manera exagerada y que las acusaciones carecen de la consistencia necesaria para abrir un proceso penal.
