El hombre señalado como agresor de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido vinculado a proceso por un caso adicional de abuso sexual. El individuo, identificado como Uriel Rivera, de 33 años, se encuentra actualmente detenido en el Reclusorio Norte y deberá enfrentar cargos por haber realizado tocamientos indebidos a una mujer de 25 años.
Este incidente ocurrió en el centro de la Ciudad de México el pasado martes, poco después de que Rivera presuntamente agrediera a la mandataria. La audiencia relacionada con este nuevo caso se llevó a cabo el viernes, tras la denuncia presentada por la víctima. Las autoridades informaron que Rivera ya estaba bajo vigilancia debido al ataque contra Sheinbaum.
El ataque a la presidenta ocurrió mientras ella caminaba por el centro de la ciudad, donde saludaba a algunos ciudadanos. Un hombre en aparente estado de ebriedad se acercó y trató de besarla en el cuello antes de abrazarla por detrás. Este momento fue captado en un video que se volvió viral en redes sociales.
Tras el incidente, las autoridades federales confirmaron la detención de Rivera, quien fue remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Fuentes penales indicaron que la agresión a Sheinbaum se clasifica como un delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal de la Ciudad de México. Sin embargo, se ha señalado que, en el momento del ataque, ningún asistente cercano a la presidenta intervino.
Durante una conferencia de prensa el miércoles, Sheinbaum reveló que decidió presentar una denuncia contra Rivera, a pesar de haber dudado en hacerlo. Explicó que su intención era enviar un mensaje tanto a mujeres como a hombres sobre la importancia de denunciar. Además, mencionó que el mismo día de su agresión, Rivera había atacado a otras mujeres en el centro de la ciudad.
La agresión a la presidenta ha suscitado una fuerte indignación en el país, resaltando la problemática de los delitos sexuales y la violencia hacia las mujeres, un fenómeno que afecta a más del 70% de las mujeres mayores de 15 años en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A pesar de estas estadísticas alarmantes, organizaciones y autoridades advierten sobre un subregistro de más del 90% en casos que no se denuncian, lo que agrava aún más la situación de la violencia de género en el país.
