El gobierno de Uruguay está considerando un impuesto a las rentabilidades de las inversiones y depósitos en el exterior realizados por sus residentes, lo que ha generado una ola de preocupaciones en los sectores político, económico y financiero. Esta medida, que podría incluirse en el próximo proyecto de ley de presupuesto, afectaría un capital estimado en 62,000 millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 79% del Producto Interno Bruto (PIB) uruguayo en 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Detalles de la Propuesta Impositiva
Encabezada por el economista Gabriel Oddone, la modificación del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) busca ampliar su alcance, ya que desde la reforma tributaria de 2007 no se grava las ganancias de capital generadas fuera de Uruguay. Actualmente, solo los intereses de depósitos en el exterior tributan el IRPF, mientras que ganancias por valoraciones, incrementos patrimoniales o rentas inmobiliarias quedan exentos.
El debate se intensificó tras la publicación del semanario Busqueda, que reveló que el gobierno está evaluando incorporar esta medida en la ley presupuestal a presentarse antes de fin de mes ante el Parlamento, en el marco de las primeras decisiones de la administración de Yamandú Orsi. El oficialismo considera que esta estrategia facilitaría la aprobación parlamentaria, dado que los cambios impositivos suelen encontrar resistencia.
Impacto y Reacciones
Sindicatos como el PIT-CNT han exigido un mayor gravamen a los patrimonios elevados, especialmente al 1% más rico del país. El Frente Amplio, actualmente en el gobierno, ya había evaluado iniciativas similares, como el impuesto transitorio propuesto por el exministro Danilo Astori en 2021, que sugería una tasa del 2% sobre depósitos en el exterior durante la pandemia. Legisladores y líderes sindicales consideran que el cambio permitiría un sistema impositivo más progresivo, destinando recursos a políticas prioritarias, como las enfocadas en la primera infancia.
Sin embargo, el sector financiero y empresarial ha expresado preocupación por el posible efecto expulsivo de capitales y las advertencias sobre la previsibilidad tributaria. Pablo Montaldo, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay, explicó que esta decisión podría incentivar el traslado de inversiones a jurisdicciones extranjeras, complicando la fiscalización y desincentivando la permanencia de grandes patrimonios en el país.
El diputado Diego Echeverría advirtió que la mera discusión del impuesto representa “un golpe” a la certeza para aquellos que han elegido residir en lugares como Maldonado, y alertó sobre la posible pérdida de credibilidad y empleo local al comparar esta medida con políticas tributarias de naciones vecinas. El economista Aldo Lema comentó en redes sociales que la propuesta parece enfocarse en aplicar el IRPF a las ganancias de capital, pero consideró que su impacto recaudatorio sería “marginal”, dado que la mayoría de estas inversiones son depósitos cuyos intereses ya tributan.
La economista Deby Eilender, vinculada al Centro de Estudios para el Desarrollo, advirtió que el bajo nivel de ahorro y la escasa canalización de estos fondos hacia la inversión son problemas persistentes en Uruguay. Eilender subrayó que ampliar el IRPF para gravar ganancias de capital en el exterior generaría un desincentivo adicional, complicando aún más la transformación del ahorro doméstico en inversión.
Por su parte, especialistas como Juan Bonet, del Estudio Bragard, enfatizan que actualmente no están gravados los incrementos patrimoniales ni el patrimonio en el extranjero, a diferencia de los rendimientos de intereses y dividendos que tributan desde 2011. Bonet considera crucial definir si la medida se orientará solo a ganancias de capital o también modificará el impuesto al patrimonio, advirtiendo que esto podría cambiar la estrategia de los residentes extranjeros de alto poder adquisitivo que han radicado capitales en Uruguay, atraídos por la estabilidad y previsibilidad tributaria.
Mientras Uruguay evalúa endurecer su régimen impositivo sobre inversiones externas, Paraguay se posiciona como un destino alternativo atractivo para capitales regionales, gracias a sus condiciones favorables en materia de impuestos, estabilidad jurídica y programas como el régimen de maquila, que permiten tasas reducidas y acceso a otros mercados. Esto ha llevado a que empresas y patrimonios, especialmente argentinos, migren a Paraguay en busca de una menor carga tributaria y un marco institucional estable.
El contexto internacional también ha transformado la capacidad de fiscalización de los Estados. Con los avances en el intercambio automático de información financiera bajo los estándares de la OCDE y los acuerdos entre países, como el recientemente firmado entre Uruguay y Estados Unidos, las autoridades uruguayas tienen acceso a más datos sobre cuentas y movimientos de los residentes fiscales en el exterior. Esto habilita la implementación de medidas orientadas al principio de renta mundial, ya aplicado en la mayoría de las jurisdicciones avanzadas, contrastando con el esquema territorial que aún persiste en algunos países latinoamericanos, como Paraguay y Panamá.
En las próximas semanas, el gobierno uruguayo presentará el mensaje presupuestal y la discusión continuará abierta entre los actores económicos, bancarios y políticos, quienes analizarán los posibles efectos sobre la competitividad, la efectividad en la recaudación y la ubicación regional de los capitales pertenecientes a residentes del país.
