La Fiscalía General de Justicia del estado de Baja California (FGEBC) ha dado a conocer la vinculación a proceso de Oscar Manuel “N”, conocido como “El Chaparro Lugo”, así como de Eduardo Agustín “N”, apodado “La Pili”. Ambos están acusados de homicidio calificado por ventaja y homicidio calificado en grado de tentativa. Estos individuos han sido identificados como generadores clave de violencia en el municipio de San Felipe.
Los detenidos son sospechosos del asesinato de Abel Roberto Román Bojórquez, quien era el nieto de Paty Orozco, una conocida madre buscadora en la región y fundadora del colectivo “Tu madre sigue tu lucha Birzvit Román”. La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que, además de estos dos hombres, también fue arrestado Abraham Alexis “N”, conocido como “El Pelo Cochi”.
Se ha determinado que los acusados permanecerán en prisión preventiva mientras las investigaciones continúan por un periodo de cuatro meses, tiempo durante el cual se busca fortalecer la carpeta de investigación. Andrade Ramírez enfatizó que los detenidos están relacionados con actos de violencia extrema hacia las víctimas. Entre los crímenes que se les atribuyen se destaca un triple homicidio ocurrido el 29 de mayo en un campo de béisbol, donde se encontraron tres cuerpos apilados.
Asimismo, se mencionó otro asesinato que tuvo lugar dentro de un vehículo Tacoma negro el 6 de julio de 2025, y la agresión mortal contra Abel Roberto Román Bojórquez el 8 de septiembre del mismo año. La fiscal también indicó que la investigación sigue abierta, considerando la posible implicación de los arrestados en otros delitos de alto impacto en la localidad.
La gravedad de estos crímenes ha sido subrayada por Andrade Ramírez, quien indicó que los implicados están relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas de fuego de competencia federal en el puerto de San Felipe.
El asesinato de Abel Roberto Román Bojórquez, quien contaba con 18 años, sucedió la noche del 8 de septiembre en San Felipe, justo cuando llegaba a la casa de su abuela. Este hecho ha generado una fuerte reacción de más de 90 colectivos y agrupaciones de búsqueda, junto a 134 familias y personas solidarias, quienes han repudiado el crimen y exigido un alto a la violencia en la región. La indignación ha aumentado especialmente porque Paty Orozco había solicitado protección para ella y su familia tras recibir amenazas, pero el Mecanismo Estatal de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no activó medidas eficaces.
Los grupos de búsqueda han manifestado: “El Estado ha fallado en garantizar que nuestros seres queridos no desaparezcan, ha fallado en buscarles y ha fallado en protegernos. ¡Que buscar no cueste la vida!”.
San Felipe, un puerto pesquero con más de 17,000 habitantes, enfrenta actualmente un aumento en la violencia, con reportes recientes de homicidios y extorsiones. En un caso reciente, el 3 de septiembre, se registró un doble asesinato y el 6 de septiembre otro hombre fue acribillado en la vía pública.
