En Washington, una serie de arrestos ha puesto de relieve cómo los agentes de inmigración han colaborado con distintas agencias de la ley para identificar a migrantes durante detenciones por infracciones menores. Un hombre salvadoreño fue arrestado por supuestamente conducir un camión de jardinería por un parque federal, mientras que un hondureño fue detenido tras saltarse una señal de alto al salir de un parque con su familia. Otro hombre jordano fue apresado mientras trabajaba en un camión de comida en el National Mall, en una operación contra vendedores ambulantes sin licencia.
El despliegue de agentes federales en agosto, por orden del presidente Trump, buscaba reducir la criminalidad en la ciudad y ha transformado a Washington, que solía ser una de las ciudades santuario más grandes del país, en un campo de pruebas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde esa orden, los arrestos de ICE se han incrementado drásticamente, pasando de 85 arrestos entre enero y julio a aproximadamente 1,200 entre agosto y septiembre, según funcionarios de la ley y datos del Proyecto de Datos de Deportación.
Una de las claves de esta estrategia ha sido la colaboración estrecha de ICE con el Departamento de Policía Metropolitana y la Policía de Parques de EE. UU., como revelan múltiples videos grabados por testigos. En ocasiones, los agentes de ICE operaban de manera autónoma, con intervenciones agresivas que provocaron reacciones de descontento en las comunidades locales.
Recientemente, una organización de derechos de los inmigrantes demandó al Departamento de Seguridad Nacional, acusando a esta agencia de realizar arrestos basados en perfiles raciales, así como de sembrar el miedo entre las comunidades latinas. En respuesta, el departamento calificó estas acusaciones como “repugnantes y categóricamente falsas”.
Desde enero, ICE ha firmado más de 520 acuerdos en 35 estados, permitiendo la cooperación en la aplicación de la ley de inmigración. Sin embargo, muchas ciudades con políticas de santuario han resistido estas colaboraciones. Para sortear esta resistencia en Washington, la administración de Trump ha aprovechado el estatus de la ciudad como distrito federal, lo que obliga a la policía local a colaborar con ICE bajo la declaración de una “emergencia criminal”.
La alcaldesa Muriel Bowser ha expresado que la policía local dejaría de colaborar con la aplicación de la ley de inmigración tras la expiración de la orden de emergencia, pero la intervención federal ha abierto la puerta a una mayor cooperación. La policía ha implementado una nueva política que permite compartir información con ICE sobre individuos no bajo custodia, lo que ha generado preocupaciones sobre la confianza entre la policía local y la comunidad inmigrante.
Además, se ha observado un cambio en el enfoque de la Policía de Parques, que tradicionalmente se encargaba de proteger espacios federales, pero ahora se involucra en la aplicación de la ley de inmigración. Videos muestran a estos oficiales deteniendo vehículos de jardinería y otros, en ocasiones en colaboración con agentes de seguridad nacional.
La situación ha llevado a un aumento de testimonios y grabaciones de arrestos, reflejando un uso más agresivo de tácticas de aplicación de la ley. La administración de Trump ha enfatizado su compromiso con la seguridad pública, afirmando que “los extranjeros criminales son una amenaza” y que no debería haber lugar para políticas de santuario que prioricen el crimen sobre la comunidad.
ICE continúa realizando operaciones en el área metropolitana de DC, con funcionarios indicando que no planean reducir su presencia. Los arrestos han generado alarmas entre los residentes, quienes ven cómo se están realizando detenciones de forma rápida y sin el debido proceso, lo que ha provocado un clima de miedo en la comunidad.
