La diputada nacional del Partido Popular, Ana Martínez Labella, ha denunciado el alarmante incremento de feminicidios en España, con un total de 27 mujeres asesinadas por parejas o exparejas en lo que va del año. Este dato refleja una realidad inquietante y requiere una respuesta inmediata y contundente por parte del Estado y la sociedad.
Un llamado a la acción
Martínez Labella ha subrayado que, de las 27 víctimas, ocho corresponden a Andalucía, una de ellas en la provincia de Almería, donde una mujer fue asesinada el pasado 27 de junio. En comparación con el año anterior, donde se registraron 10 víctimas, la situación es cada vez más crítica. Desde el inicio de las estadísticas en 2003, un total de 275 mujeres han sido asesinadas en Andalucía y 1,321 en toda España.
Ante estos números desgarradores, la diputada ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que asuma un rol más activo en esta lucha, afirmando que “la lucha contra la violencia de género debe ser una lucha de Estado”. Esta declaración resuena con la necesidad urgente de articular esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil para erradicar esta problemática.
La importancia de la denuncia
Martínez Labella también hizo un llamado a los ciudadanos de Almería para que, ante cualquier sospecha de maltrato, hagan una denuncia inmediata. “Solo al denunciar, las mujeres víctimas de violencia de género pueden acceder a servicios especializados y a la protección necesaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, enfatizó. La importancia de no mirar hacia otro lado en estos casos es crucial para cambiar la actual situación de vulnerabilidad.
Por último, la diputada se refirió a la tragedia de los menores que han perdido la vida a causa de la violencia vicaria en España, con tres casos en 2025 y 65 desde 2013, de los cuales 11 residían en Andalucía. Su repulsa por estos crímenes, que buscan infligir el mayor daño posible a las madres, destaca la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a las familias.
La realidad es que la lucha contra la violencia de género no solo es un reto gubernamental, sino una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de toda la sociedad para lograr un cambio significativo.
