OAXACA, Oax. – La situación de derechos humanos en Oaxaca se ha convertido en un tema de intensa preocupación, especialmente entre las juventudes. Desde el inicio del actual gobierno de Salomón Jara Cruz en 2022, se han registrado más de 900 desapariciones de mujeres, la mayoría de ellas jóvenes de entre 12 y 29 años. Este alarmante dato fue resaltado por un grupo de 20 organizaciones y colectivos de la sociedad civil, quienes emitieron un pronunciamiento conjunto para denunciar la crisis que atraviesan las juventudes en el estado.
En el documento, se subrayó que las juventudes enfrentan un entorno marcado por violencias estructurales y múltiples formas de discriminación. La falta de acceso a empleos dignos, la criminalización, la violencia institucional, así como las desigualdades en función de género, clase y origen étnico, generan un impacto negativo en sus vidas y su bienestar emocional. Esta situación ha llevado a muchos jóvenes a buscar alternativas de subsistencia en economías informales o incluso en actividades ilícitas.
Organizaciones como el Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, y la Fundación MSI han sido protagonistas en la lucha por visibilizar estas problemáticas. En un encuentro reciente, estos grupos analizaron las condiciones que enfrentan las personas jóvenes en su diversidad, destacando la necesidad de construir un análisis colectivo e interseccional sobre la situación actual.
Las cifras presentadas por el Consorcio revelan que la mayoría de las desapariciones ocurridas bajo el actual gobierno permanecen en la impunidad. Las familias de las víctimas, además de vivir el dolor de la ausencia, enfrentan la revictimización institucional y la falta de protocolos adecuados con enfoque de género, lo que agrava aún más su situación.
En el ámbito laboral, las juventudes en Oaxaca se ven sometidas a condiciones de explotación y exclusión. Según datos del INEGI, el ingreso promedio que percibe un joven en la región es de $33.8 MXN por hora, y muchos de ellos trabajan sin contrato, careciendo de acceso a seguridad social y prestaciones. Esta precariedad laboral obliga a muchos a buscar alternativas de vida en la migración o en el crimen organizado.
Las juventudes afrodescendientes e indígenas han señalado que enfrentan barreras adicionales debido al racismo y la discriminación lingüística, lo que dificulta aún más su acceso a oportunidades. Sus formas de vida y organización continúan siendo invisibilizadas, y las políticas públicas no reconocen su derecho a desarrollarse de acuerdo con sus cosmovisiones y saberes comunitarios.
Asimismo, las juventudes de la diversidad sexogenérica han expresado su descontento ante el ambiente hostil que enfrentan en espacios laborales y educativos. La exclusión y la violencia han empujado a muchas personas trans, no binarias, lesbianas y gays a ingresar al mercado informal o a la prostitución desde edades tempranas, aumentando así su vulnerabilidad.
El derecho a vivir sin miedo sigue siendo una aspiración lejana para estos jóvenes, quienes enfrentan serias dificultades para acceder a vivienda digna y servicios de salud integral. En las universidades, persisten prácticas de violencia sexual, acoso y hostigamiento, especialmente hacia mujeres y personas LGBTIQ+, lo que pone de manifiesto la falta de protocolos eficaces y la impunidad que rodea a los agresores.
Durante el encuentro de estas organizaciones, también se hizo evidente la exclusión sistemática de las juventudes con discapacidad, quienes enfrentan no solo barreras físicas, sino también actitudes culturales que limitan su participación en espacios educativos y comunitarios. La necesidad de políticas públicas que garanticen la accesibilidad universal y procesos de inclusión fue uno de los puntos destacados.
La reunión concluyó con un llamado urgente a incorporar a las juventudes en la agenda pública, especialmente en temas relacionados con la defensa del territorio y el medio ambiente. Las juventudes rurales y comunitarias manifestaron que el extractivismo y la militarización son amenazas reales a su futuro. “Apostamos por una visión del buen vivir, que reconozca el vínculo entre justicia social, sostenibilidad ambiental y derechos colectivos”, afirmaron.
Frente a esta realidad, los colectivos y juventudes firmantes exigieron al gobierno de Oaxaca el reconocimiento del trabajo digno como un derecho humano. Solicitaron políticas que garanticen condiciones laborales justas, sin discriminación por edad, género u orientación sexual, así como la creación de políticas públicas interseccionales que surjan de un diálogo real con las juventudes en toda su diversidad.
La atención integral a la salud emocional de los jóvenes, con servicios públicos gratuitos y culturalmente pertinentes, es otra de las demandas. Además, pidieron medidas urgentes contra las violencias de género que afectan a las juventudes en todos los ámbitos de su vida. La creación de protocolos de actuación con enfoque de derechos humanos y un enfoque de género en las investigaciones sobre las desapariciones de mujeres jóvenes son indispensables para erradicar la impunidad que ha caracterizado a estos casos.
Finalmente, exigieron garantías de accesibilidad e inclusión para las juventudes con discapacidad, así como la implementación de políticas ambientales que protejan sus territorios. Estas organizaciones consideran que es vital reconocer a las personas jóvenes como defensoras legítimas de sus comunidades, brindándoles el espacio y la voz que merecen en la construcción de un futuro más justo y equitativo.
