Un nuevo capítulo de tensiones laborales se ha abierto en la empresa de telecomunicaciones DIGI, que ha sido objeto de críticas por parte de sus trabajadores. Lo que se presentaba como un avance en la unificación de derechos laborales ha desencadenado una crisis de confianza y reputación entre el personal. La propuesta de un nuevo convenio colectivo estatal ha generado preocupación, ya que, según las denuncias, podría empeorar las condiciones laborales de su plantilla, en lugar de mejorarlas.
El sindicato CNT ha expresado que la situación es “insostenible”, resaltando la naturaleza del modelo de empleo que la empresa ha estado promoviendo. Este modelo, calificado por muchos como de “bajo costo laboral”, prioriza la eficiencia en términos financieros a expensas de los derechos y salarios de los trabajadores. En medio de este contexto, los clientes de DIGI también han reportado incidencias en el servicio, lo que ha incrementado la inquietud tanto dentro como fuera de la compañía.
La negociación en curso entre DIGI y los sindicatos UGT y CCOO ha sido el punto de mayor controversia. La propuesta de un convenio unificado no solo ignora las condiciones más favorables que existen en ciertos territorios, sino que las nivela hacia abajo, eliminando derechos consolidados en regiones donde los convenios provinciales ofrecían mejores beneficios. Desde la CNT, se denuncia la exclusión de su participación en el proceso de negociación, a pesar de su legitimidad como sindicato.
A pesar de que DIGI ha logrado superar los 7.750 empleados a inicios de 2024, la crítica se centra en que este crecimiento no ha venido acompañado de mejoras significativas en las condiciones laborales. Los trabajadores han señalado disparidades salariales según la región, objetivos de ventas desmedidos y una presión constante que afecta su bienestar. Según el CNT, estas condiciones han llevado a una alta rotación de personal y a un incumplimiento habitual de las promesas de promoción interna.
La situación se ha vuelto aún más crítica en lugares como Sevilla, donde se han iniciado más de una decena de procesos judiciales y extrajudiciales contra la compañía. Las denuncias abarcan desde despidos improcedentes hasta vulneraciones del derecho a la negociación colectiva. De hecho, algunas sentencias ya han sido favorables para los trabajadores, reforzando la imagen de una empresa que, según el CNT, no solo impone condiciones desventajosas, sino que también reprime la acción sindical.
El crecimiento de DIGI incluye la apertura de tiendas físicas, un modelo que requiere una plantilla en expansión, cuyas condiciones laborales están actualmente en negociación. Sin embargo, el trato diferenciado entre provincias se ha convertido en un tema candente, ya que algunos territorios habían logrado mejores condiciones mediante convenios específicos. La propuesta estatal actual podría eliminar esas ventajas, lo que generaría una pérdida abrupta de beneficios para empleados que han trabajado durante años para mejorarlos. Esta situación podría resultar en una reducción significativa de la estabilidad laboral y del poder adquisitivo de muchos trabajadores.
La crítica más contundente se dirige hacia el modelo laboral que DIGI parece querer consolidar, el cual se basa en una flexibilidad extrema y en la minimización de estructuras organizativas que otorguen poder real a los empleados. Desde la CNT, se argumenta que esta estrategia busca silenciar las voces de quienes buscan mejorar las condiciones laborales desde adentro. Además, la política de precios bajos que caracteriza a DIGI, reflejada en sus promociones, también se ha señalado como un factor que presiona sobre los costos operativos, incluidos los laborales.
Frente a esta situación, la CNT ha hecho un llamado público a DIGI y a los sindicatos involucrados en la mesa de negociación, demandando un proceso verdaderamente inclusivo que escuche a toda la plantilla y respete la pluralidad sindical. Consideran que cualquier acuerdo alcanzado sin su participación será ilegítimo y dañino para miles de trabajadores que dependen de condiciones laborales justas.
La pregunta que queda en el aire es si los clientes de DIGI decidirán darse de baja de la compañía en respuesta a la crisis interna. La promesa de un empleo estable podría perder credibilidad si va acompañada de recortes y desigualdades. Los próximos meses serán cruciales para determinar si esta negociación representa un paso hacia una mejora real o si es un síntoma de problemas más profundos que afectan a la compañía y a sus trabajadores.
