El reciente ataque que cobró la vida de 13 policías en un helicóptero antinarcóticos en Amalfi, Antioquia, ha encendido las alarmas sobre el uso de drones por parte de disidencias armadas en Colombia. Este confuso incidente, considerado el peor ataque contra la Fuerza Pública en el gobierno de Gustavo Petro, ha revelado la creciente amenaza que representan estos dispositivos no tripulados en manos de grupos ilegales.
Auge de los drones en la violencia colombiana
En regiones como Cauca y el Catatumbo, los habitantes han aprendido a reconocer el ominoso zumbido de los drones, que ahora son utilizados para lanzar explosivos con una frecuencia alarmante. Este nuevo fenómeno ha dejado una huella de terror en comunidades que ya sufren las secuelas de la violencia. A raíz del ataque en Amalfi, versiones iniciales indican que las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, lideradas por Calarcá Córdoba, habrían sido responsables del ataque, utilizando drones adaptados para llevar explosivos.
El presidente Petro confirmó que el helicóptero aterrizó en una mina que había sido preparada previamente con explosivos. La situación resalta un hecho preocupante: “Están reapareciendo fenómenos que creíamos superados”, comentó Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en el proceso de paz. “Nunca antes en Colombia se había enfrentado esta amenaza aérea de tal magnitud”.
Respuesta del Estado y desafíos tecnológicos
A pesar de las advertencias, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, admitió que no están preparados para contrarrestar los ataques con drones. “Estamos ante un trabajo arduo y costoso”, lamentó, enfatizando los desafíos que enfrenta el Ejército Nacional. Con 3,000 pelotones desplegados a nivel nacional, equipar a todos con sistemas anti-drones resulta complicado y urgente.
Los ataques han aumentado dramáticamente; solo en lo que va de 2025, se han contabilizado más de 180 incidentes, un incremento del 50% en comparación con el año anterior, según datos del Ejército. La mayoría de estos ataques ha sido atribuido a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, aunque también se han reportado acciones del ELN en el Catatumbo y otros grupos en Nariño.
El uso de drones en el conflicto colombiano no es nuevo; el primer reporte se remonta a 2018, pero su uso se ha intensificado de manera alarmante. Los drones, adaptados artesanalmente, han sido responsables de una serie de ataques indiscriminados que han dejado heridos y muertos, incluidos niños inocentes, como el trágico caso de un niño de 10 años en Cauca.
La falta de sistemas adecuados para contrarrestar esta nueva amenaza ha llevado a varios analistas a expresar su preocupación. A pesar de que el CICR ha documentado 137 heridos o fallecidos por artefactos explosivos lanzados entre enero y mayo de este año, la respuesta del Estado ha sido fragmentada y tardía. La subdirectora de la Fundación Pares, Laura Bonilla, ha señalado que el Estado debe reforzar su capacidad para enfrentar esta nueva realidad y que la simple eliminación de un dron no es suficiente cuando hay múltiples amenazas en el aire.
El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso que busca regular el uso de drones y los sistemas antidrone. Este marco normativo integral es necesario para enfrentar la creciente amenaza de estos dispositivos en actos terroristas y garantizar la seguridad de la población.
Colombia, en medio de la fragmentación de grupos armados y el auge del narcotráfico, enfrenta un reto urgente. La guerra con drones ha llegado, y su impacto podría ser devastador si no se toman medidas efectivas de manera inmediata.
