La reciente iniciativa de la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, para crear una Comisión Presidencial que impulse la reforma electoral ha generado un eco significativo en el ámbito político. Apenas a principios de agosto, 22 exconsejeros del INE y exmagistrados electorales hicieron pública una declaración que resalta la importancia de un diálogo inclusivo y amplio para abordar esta reforma, con el objetivo de fortalecer la democracia en el país.
Un llamado a la acción
Entre los firmantes se encuentran figuras relevantes como José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello, quienes han presidido el consejo general del INE desde que este se convirtió en un organismo ciudadano autónomo. En su pronunciamiento, expresan la necesidad de convocar a un diálogo que no solo sea formal, sino que realmente aporte propuestas concretas para alcanzar un consenso en la definición de una reforma política electoral.
Para que este diálogo no quede en meras declaraciones, los 22 exfuncionarios proponen seis puntos específicos que deben ser considerados:
1. Corregir distorsiones: Se busca ajustar la distribución de asientos en los congresos para que refleje con mayor precisión el porcentaje de votos que reciben las fuerzas políticas, eliminando esquemas de subrepresentación y sobrerrepresentación excesivos.
2. Fortalecer la autonomía de los organismos electorales: Se subraya la importancia de garantizar la neutralidad e imparcialidad en la organización de los procesos comiciales, promoviendo un servicio profesional en estas instituciones tanto a nivel federal como estatal.
3. Selección de encabezados en instituciones electorales: Se propone que los criterios para elegir a los líderes de estas instituciones sean el conocimiento, la experiencia y la imparcialidad, sugiriendo que sean designados por el Congreso en lugar de a través del voto popular.
4. Administración del Registro Federal de Electores: Todos los aspectos relacionados con el padrón electoral, listados nominales y credenciales de elector deben mantenerse bajo la supervisión del INE, garantizando así su resguardo imparcial.
5. Rendición de cuentas y fiscalización: Se plantea la necesidad de consolidar un sistema efectivo que supervise los recursos públicos y privados de los partidos, con el fin de evitar el desvío de recursos y la compra de votos. Para esto, se requiere un diseño de sanciones que haga cumplir estas normas.
6. Designación de jueces: La normativa y procedimientos deben adaptarse para que la selección de jueces se base en méritos y capacidad técnica, asegurando su independencia y formando parte de una carrera judicial.
El apoyo nacional y el camino por delante
La urgencia de estos puntos se hace evidente ante la proximidad de las elecciones judiciales de 2025. Recientemente, los 22 exconsejeros y exmagistrados enriquecieron su declaración original, respaldados ahora por 250 personalidades de diversas áreas, creando un frente más robusto en defensa de la democracia mexicana.
Es relevante señalar que, aunque los firmantes de este nuevo documento no pertenecen a una misma tendencia política, comparten un compromiso con la democracia. Este esfuerzo colectivo debe considerarse como un primer paso hacia la construcción de una narrativa unificada que coordine acciones y comunicaciones efectivas.
Las movilizaciones populares en defensa de la democracia podrían ser una respuesta necesaria ante la situación actual. Sin duda, el tiempo apremia y la sociedad mexicana espera que estos diálogos se traduzcan en acciones concretas que fortalezcan nuestras instituciones democráticas.
