La Secretaría de Estado de Función Pública ha decidido suspender el contrato de ciberseguridad que había sido adjudicado a MasOrange, tras la presentación de un recurso especial por parte de Telefónica el pasado 21 de agosto de 2025. Esta decisión altera el proceso de adjudicación del contrato que representa una inversión significativa para la Administración Central, valorado en 103,9 millones de euros.
Impacto en el proceso de adjudicación
El contrato en cuestión es parte del proyecto CORA III, el cual incluye la interconexión de centros de datos, ciberseguridad e Internet. Inicialmente, el plan contemplaba una transición entre Telefónica y MasOrange entre octubre y noviembre de 2025, pero ahora ese calendario se ve comprometido. La situación resulta compleja, ya que el futuro del contrato podría requerir una prórroga temporal del acuerdo actual con Telefónica e Indra hasta que se resuelva la adjudicación.
El TACRC (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales), que depende del Ministerio de Hacienda, está evaluando el recurso presentado por Telefónica. Esta operadora, que ya había sido adjudicataria de contratos anteriores como el CORA II, argumentó que Mnemo—parte de la UTE que incluye a MasOrange—no cumplía con ciertos requisitos necesarios, lo que llevó a la suspensión del proceso de adjudicación.
Reacciones y previsiones futuras
Las previsiones apuntan a que el proceso de adjudicación podría retrasarse considerablemente. Según el periodista Ignacio del Castillo, “es posible que ese calendario sea ahora difícil de cumplir”. La realidad es que la reciente intervención de Telefónica podría tener un impacto prolongado en el futuro de la ciberseguridad del Gobierno.
Hasta el momento, la controversia ha generado un ambiente de incertidumbre en el sector, donde la competencia por contratos gubernamentales es feroz. La adjudicación del lote correspondiente en el CORA III no solo afecta a las empresas involucradas, sino que también tiene implicaciones para la seguridad digital del país.
Así, el futuro de este contrato sigue siendo incierto, y habrá que esperar la resolución del TACRC para conocer el desenlace de esta disputa y su impacto en la administración de la ciberseguridad en México.
