La Agencia Tributaria de España está dando un paso significativo hacia el control de las criptomonedas con un nuevo proyecto normativo que permitirá el embargo de criptoactivos. Este Proyecto de Real Decreto, actualmente en fase de consulta pública, establece un marco claro que habilita a la Agencia para llevar a cabo embargos sobre activos digitales pertenecientes a personas o entidades que tengan deudas fiscales. La medida, que no entrará en vigor antes de 2026, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por regular el creciente uso de criptomonedas en el país.
Bajo esta normativa, los criptoactivos se consideran un bien embargable de último recurso, lo que significa que la Agencia Tributaria deberá agotar primero otras opciones, como cuentas bancarias o bienes inmuebles, antes de recurrir a los activos digitales. Esto se detalla en el artículo 592.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que establece un orden de prelación para el embargo de bienes. Así, el nuevo marco busca no solo facilitar la recuperación de deudas, sino también proteger los derechos de los contribuyentes.
El valor de referencia para los embargos se determinará en el momento de la ejecución de la orden, lo que plantea desafíos importantes debido a la alta volatilidad de las criptomonedas. En este sentido, se exige a los custodios de estos activos que implementen mecanismos de liquidación de alta frecuencia para poder gestionar adecuadamente la valoración en el día del embargo. Si, durante el tiempo que los activos estén embargados, su valor aumenta, solo se canjearán los fondos necesarios para cubrir la deuda, devolviendo al titular cualquier saldo restante una vez que la obligación se haya saldado.
El Proyecto de Real Decreto también aborda cómo se identificarán y registrarán los criptoactivos. A partir de 2026, los operadores de criptomonedas deberán inscribirse en un registro específico que les obligue a informar sobre los saldos de sus clientes. Este registro es crucial para que la administración fiscal pueda localizar y embargar criptoactivos de forma efectiva. Además, los exchanges tendrán la obligación de reportar anualmente no solo las transacciones realizadas, sino también los saldos de criptoactivos que gestionan en nombre de terceros.
Esta normativa tiene un enfoque dual: por un lado, busca reforzar las posibilidades de embargo sobre criptoactivos, y por otro, establece nuevas obligaciones informativas para todos los actores involucrados en el ecosistema de las criptomonedas. De esta manera, la Agencia Tributaria pretende aumentar su control sobre la posesión y gestión de estos activos, asegurando que, en caso de deudas, se pueda proceder al embargo de manera efectiva.
Una de las preguntas más comunes es cómo sabrá Hacienda si un contribuyente posee criptomonedas. A partir de 2026, todos los proveedores de servicios de criptoactivos que operen en España estarán obligados a reportar esta información a la agencia fiscal. Esto incluye no solo a los exchanges, sino también a cualquier entidad que gestione criptomonedas para usuarios españoles, independientemente de que los activos se encuentren en el país o en el extranjero.
El impacto de esta normativa podría ser amplio, afectando a miles de usuarios que operan con criptomonedas en España. Con la creciente popularidad de estos activos digitales, la necesidad de un marco regulatorio se vuelve cada vez más evidente. La Agencia Tributaria busca garantizar que las criptomonedas no escapen al control fiscal y que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, independientemente de cómo gestionen su patrimonio digital.
Los criptoactivos no son solo un fenómeno emergente, sino que se han convertido en una opción de inversión para muchos. Sin embargo, con el aumento de su uso, también crece la necesidad de regulación para asegurar que se mantenga un equilibrio entre la innovación financiera y la responsabilidad fiscal. La implementación de la normativa anunciada por la Agencia Tributaria representa un paso importante hacia la integración de las criptomonedas en el sistema tributario, permitiendo a la administración pública tener una mayor visibilidad sobre estos activos.
El debate sobre la regulación de criptomonedas no es exclusivo de España, sino que se extiende a nivel global. Muchos países están tratando de encontrar la manera de adaptarse a esta nueva realidad, y la experiencia española podría ofrecer lecciones valiosas para otros. La regulación de criptoactivos se presenta como un desafío, pero también como una oportunidad para establecer un entorno más seguro y controlado para las inversiones digitales.
En conclusión, el nuevo Proyecto de Real Decreto de la Agencia Tributaria no solo tiene implicaciones para los deudores fiscales, sino que también marca un hito en la forma en que se gestionan y regulan las criptomonedas en España. A medida que se acerca 2026, los interesados deberán estar atentos a cómo evolucionan estas regulaciones y qué impacto tendrán en sus inversiones y en la manera en que operan en el mundo digital.
