Los operadores de telefonía móvil en México han dado un paso importante en la lucha contra la delincuencia al iniciar pruebas para el registro de datos de usuarios. Este proyecto, impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), arrancó el 1 de septiembre de 2023 con la finalidad de combatir la extorsión, fraudes y otros delitos que se cometen a través de líneas telefónicas.
Detalles del acuerdo y su implementación
El acuerdo de colaboración fue firmado por empresas como Telcel, Telefónica Movistar México, AT&T México, Bait y Altán Redes, quienes participan activamente en esta prueba piloto. El titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández, explicó que este proceso permitirá identificar áreas de mejora en el registro de usuarios que utilizan líneas de telefonía móvil.
La identificación se realizará mediante un documento oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo cual ayudará a vincular a los usuarios con las líneas de teléfono que contraten o adquieran en centros de atención al cliente. “Los datos personales quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas, de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el Gobierno no tendrá acceso a ellos”, aseguró Pérez Hernández.
Futuras disposiciones y plazos
La prueba piloto concluirá en octubre de este año, justo antes de que entren en vigor las nuevas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que harán obligatorio el registro de todas las nuevas líneas telefónicas en los puntos de venta. En cuanto a las líneas ya activas, las compañías habilitarán la modalidad remota para facilitar el registro a los usuarios durante un periodo determinado.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde estuvieron presentes el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez, y el director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, José Antonio Montero. Por parte de los operadores de telefonía, asistieron altos ejecutivos como el vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Externos de AT&T, Gabriel Contreras; la directora general de Altán Redes, Zaira Pérez; y el CEO de Telefónica Movistar México, Camilo Aya Caro.
Este esfuerzo por parte de las compañías de telefonía y el gobierno es un indicativo claro de la necesidad de fortalecer la seguridad en el uso de las telecomunicaciones en el país, un tema que cada vez cobra más relevancia en la vida cotidiana de los mexicanos.
