El anuncio de Uber de incrementar sus tarifas hasta en un 7% ha generado una fuerte controversia en México. Este aumento, que se hará efectivo a partir del 16 de julio, ha sido justificado por la empresa como una respuesta a la nueva reforma laboral que regula el trabajo en plataformas digitales. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha reaccionado con contundencia, calificando la decisión de unilateral e injustificada.
En un comunicado emitido por la STPS, se destacó que dicha medida va en contra de los compromisos adquiridos durante el diálogo entre el gobierno mexicano y las empresas de plataformas digitales. La STPS argumentó que este aumento no solo afecta a los usuarios, sino que también impacta negativamente a los trabajadores de la plataforma, quienes, según la Secretaría, “extraen riqueza directamente de los trabajadores” al obligarlos a asumir los costos de sus herramientas de trabajo, como vehículos, combustible y servicios de telefonía.
La controversia escaló rápidamente, llevando a la STPS a solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Esta institución se encargará de realizar operativos a nivel nacional para garantizar que se cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor y para sancionar cualquier política tarifaria que no sea justificada o que sea considerada abusiva.
En su comunicado, la STPS hizo un llamado a Uber y a otras empresas del sector para que respeten los compromisos asumidos y eviten tomar decisiones que puedan perjudicar tanto a trabajadores como a usuarios. Este enfoque de la Secretaría resalta la preocupación por la sostenibilidad del modelo de negocio de Uber, que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por su impacto en la economía de los conductores.
En respuesta a las críticas, Uber México reafirmó su compromiso con la reforma laboral y con el éxito del Programa Piloto de Seguridad Social, que comenzó el 1 de julio. Este programa ofrece a los trabajadores de plataformas la posibilidad de acceder al IMSS, bajo la condición de que generen al menos un salario mínimo mensual. La compañía argumentó que el ajuste tarifario no busca un beneficio corporativo, sino que tiene como objetivo proteger las ganancias de sus socios conductores y garantizar que la plataforma se mantenga como una opción viable de trabajo.
A pesar de las explicaciones de Uber, la incertidumbre persiste sobre cuándo se implementará el aumento a nivel nacional. Todo indica que el debate sobre esta medida continuará en los próximos días, en un contexto donde los derechos laborales y la economía de los trabajadores se encuentran en el centro de la discusión. Así, el futuro de Uber en México y su relación con los trabajadores y usuarios se vislumbra complejo y lleno de desafíos, a medida que se desarrollan las conversaciones sobre la regulación de las plataformas digitales en el país.
