A pocos días de que venza el plazo legal para la presentación del presupuesto nacional 2026, el Gobierno ha decidido avanzar con una iniciativa polémica conocida como Ley Muralla, que busca transformar la dinámica fiscal en el país. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que pronto enviarán al Congreso de la Nación un proyecto de ley que pretende imponer restricciones severas a la aprobación de presupuestos deficitarios y endurecer las sanciones para los funcionarios que no respeten el equilibrio fiscal.
Esta propuesta, que aún no ha sido presentada formalmente, surge en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde el oficialismo ha perdido control sobre el debate parlamentario, una situación atribuida a errores internos y el impacto de las campañas electorales. Según Adorni, el proyecto, anticipado por el presidente Javier Milei el 11 de agosto de 2023, tiene como objetivo “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”.
Detalles de la Ley Muralla
La Ley Muralla funcionaría como un mecanismo de fiscalización de los proyectos legislativos, imponiendo requisitos estrictos que el Congreso debe cumplir para aprobar nuevas normas. Esto incluye estipulaciones que obligan a que “el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario.” Además, se prohibiría la sanción de presupuestos deficitarios, y en caso de prórrogas, se exigiría al menos un resultado equilibrado.
El anuncio de Adorni coincide con la proximidad de la fecha límite para enviar el presupuesto, un proceso que históricamente ha estado marcado por intensas negociaciones, especialmente sobre la distribución de fondos entre provincias y programas nacionales. Ante esto, la reacción de la oposición no se hizo esperar.
Un diputado opositor cuestionó la iniciativa al afirmar que busca “blindar el presupuesto” y que “no se puede legislar si no es en línea con lo que quiere el Ejecutivo”, añadiendo que esto generaría tensiones y cambiaría la agenda legislativa. Desde este sector, hay un consenso de que la propuesta tiene escasas posibilidades de prosperar y que su verdadero propósito es condicionar el debate sobre el presupuesto.
Reacciones en el Congreso
En el Congreso de la Nación, el anuncio fue percibido como una maniobra más del oficialismo libertario sin perspectivas de avanzar. Un legislador del bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto ironizó: “Lo vamos a tratar junto a la ley hojarasca”, en referencia a un megaproyecto que nunca llegó a discutirse. Las críticas no se limitan al impacto institucional; también se advierte sobre el riesgo de convertir al Congreso en una mera escribanía del Ejecutivo.
Los opositores señalan la falta de coherencia en la estrategia oficialista, recordando que todos los proyectos con impacto fiscal deben incluir detalles sobre su financiamiento. Sin embargo, la única excepción ha sido la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad, impulsada por Patricia Bullrich y Mariano Cuéneo Libarona, que aún carece de previsión presupuestaria.
Según lo adelantado por Adorni, la Ley Muralla también contempla la creación de nuevas figuras penales en el Código Penal, estableciendo que “aquellos funcionarios que incumplan esta normativa serán castigados con todo el peso de la ley”. Esta perspectiva fue rechazada por una diputada que antes apoyó iniciativas del oficialismo y que ahora califica la propuesta como “humo” y “ridícula”.
Algunos sectores interpretan que la iniciativa va más allá del presupuesto 2026, buscando anticipar un eventual veto presidencial ante el proyecto de los gobernadores sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Este cambio impactaría directamente en los ingresos del gobierno nacional, ya que actualmente existe discrecionalidad en el manejo de los ATN.
Hasta el momento, el proyecto no ha sido ingresado formalmente al Congreso de la Nación, aunque desde el entorno de Adorni aseguran que el texto ya está listo para su presentación. La realidad es que la Ley Muralla se ha convertido en un tema candente, reflejando la polarización y el conflicto entre el Ejecutivo y la oposición en un contexto de inminente debate presupuestario.
