La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su desacuerdo con el reciente anuncio de Uber sobre un incremento del 7% en sus tarifas. Durante una conferencia de prensa matutina, Sheinbaum cuestionó la justificación de la empresa, que atribuyó el aumento a la nueva reforma laboral destinada a plataformas digitales. Este cambio normativo, que busca garantizar derechos laborales a los repartidores y conductores, ha generado un fuerte debate en torno a la responsabilidad de las empresas de transporte por aplicación.
La mandataria destacó que, desde la implementación de la reforma, más de 400,000 personas se han inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según Sheinbaum, el diálogo con las plataformas ha sido continuo, y muchas de ellas, como Didi, han colaborado con esta iniciativa. Sin embargo, al ser cuestionada sobre la posibilidad de sanciones a Uber por el aumento, Sheinbaum descartó cualquier medida punitiva inmediata, resaltando que existe un plazo de seis meses para la adaptación a la nueva normativa.
“Hay diálogo permanente, van más de 400 mil personas inscritas en el Seguro Social”, subrayó la presidenta. Además, confirmó que se ha establecido una mesa de trabajo en la que participan las plataformas, el IMSS y la Secretaría del Trabajo. Sheinbaum se enorgulleció de que México sea el primer país del mundo en ofrecer seguridad social a los repartidores vinculados a plataformas digitales, lo que marca un avance significativo en la protección de los derechos laborales.
La controversia generada por el aumento en las tarifas de Uber no ha pasado desapercibida para otras instituciones federales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calificó el incremento como “unilateral, irresponsable y contrario a los compromisos asumidos” por la empresa. En su comunicado, la STPS recordó que Uber participó activamente en más de 30 mesas de diálogo que establecieron el marco para la implementación de la reforma y se comprometió explícitamente a no aumentar tarifas durante el periodo de prueba de seis meses.
Con solo 15 días desde el inicio de este piloto, la STPS advirtió que aún no existe una estimación precisa sobre el impacto en los costos operativos, lo que pone en tela de juicio la legitimidad del aumento. En respuesta a esta situación, junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se están preparando operativos para vigilar que no haya abusos en las tarifas.
La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) también se manifestó en contra de la subida tarifaria, argumentando que Uber busca “generar rechazo a la reforma laboral” y desviar la atención del verdadero objetivo, que es “dignificar el trabajo digital”. En su comunicado, la UNTA hizo un llamado a los usuarios a no dejarse engañar y a solidarizarse con quienes, desde sus motos y automóviles, sostienen gran parte de la economía digital. “Exigimos a Uber que cumpla con la ley y actúe con responsabilidad”, reclamaron.
Por su parte, Uber defendió el aumento como una necesidad inevitable, alegando que el nuevo esquema implica costos adicionales. “Mientras adaptamos nuestras operaciones, el ajuste de costos es una realidad”, afirmaron en un comunicado. La empresa sostiene que el incremento del 7% tiene como objetivo proteger las ganancias de los conductores y asegurar la viabilidad del servicio. Sin embargo, tanto el gobierno como los trabajadores han coincidido en que Uber debería asumir esos costos y no trasladarlos al consumidor final.
Claudia Sheinbaum enfatizó que las ganancias de Uber no son pequeñas, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la necesidad del aumento en las tarifas. En este contexto, la presión sobre Uber para que actúe de manera justa y responsable se intensifica, mientras se espera que la empresa responda oficialmente a las preocupaciones planteadas por diversos sectores.
Desde Xataka México hemos intentado contactar a Uber para conocer su postura oficial sobre este asunto. En caso de recibir una respuesta, la compartiremos con nuestros lectores.
