La empresa Telefónica se encuentra nuevamente en el punto de mira de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras recibir una sanción de 20 millones de euros. Esta multa se debe a supuestos incumplimientos de compromisos adquiridos por la operadora tras la adquisición de DTS (Digital+) en 2015. La CNMC sostiene que Telefónica ofreció ventajas en la venta y alquiler de dispositivos móviles a través de sus paquetes Movistar Fusión y MiMovistar, lo que, a su juicio, representa una infracción a los compromisos establecidos en la resolución inicial.
Desde la CNMC, se argumenta que las condiciones comerciales de Telefónica permitían a los consumidores adquirir móviles en condiciones muy ventajosas, lo que se interpreta como una forma de permanencia encubierta. Sin embargo, la empresa ha defendido la legalidad de sus prácticas, insistiendo en que las ofertas no implicaban ninguna cláusula de permanencia, ya que los usuarios podían cancelar sus servicios sin penalización, incluso después de haber adquirido un dispositivo bajo dicha promoción.
Los compromisos que la CNMC sostiene que fueron violados están claramente delineados en la Resolución C/0993/15, que prohíbe a Telefónica imponer cláusulas de permanencia, ya sean directas o indirectas, en paquetes que combinen servicios de telecomunicaciones con su oferta de televisión de pago. A pesar de las acusaciones, Telefónica subraya que los clientes siempre tuvieron la opción de comprar el dispositivo por separado o asumir costos justificados por su uso, lo que no debería considerarse una penalización.
Este no es el primer enfrentamiento entre la CNMC y Telefónica. En una ocasión anterior, la CNMC ya había impuesto una sanción de 6 millones de euros a la operadora, centrada en un análisis del periodo entre abril y agosto de 2021. Sin embargo, la actual multa es más elevada, ya que abarca un período más extenso: desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 30 de abril de 2023.
Varias fuentes indican que Telefónica ha recurrido todas las sanciones de este tipo impuestas por la CNMC y que, hasta el momento, no hay una sentencia firme en su contra. En comunicaciones anteriores, la compañía ha expresado su “profundo desacuerdo” con las conclusiones de la CNMC, argumentando que las condiciones ofrecidas a los clientes son transparentes, legítimas y están en línea con el marco legal vigente.
La situación actual pone de relieve la naturaleza recurrente de los conflictos regulatorios que enfrenta Telefónica, particularmente en relación con las políticas de permanencia de sus paquetes. Sin embargo, la operadora ha manifestado su disposición para aclarar cualquier malentendido que pueda existir en torno a la regulación vigente.
A medida que avanza el proceso legal, parece que el litigio podría extenderse por varios meses. En este contexto, Telefónica también se prepara para un nuevo ciclo de operaciones donde el fútbol y los contenidos premium jugarán un papel central en su estrategia comercial. La compañía ya ha comenzado a probar un nuevo canal de fútbol en Movistar Plus+, actualmente en fase de lanzamiento, lo que podría ser un indicativo de su enfoque en diversificar y enriquecer su oferta de servicios.
